Griñán: "No había malversación"

Sevilla

Lo último que José Antonio Griñán, exconsejero de Hacienda y expresidente de la Junta, le ha dicho al fiscal es que no hubo malversación de fondos públicos en el caso de los ERE. Eso no lo manifestó ante el juez del Supremo y lo ha añadido este miércoles cuando Anticorrupción le ha dicho se tenía algo más que añadir tras ratificar esas manifestaciones. Y lo último que ha declarado, a preguntas del presidente del Tribunal, es que solo el consejero de Empleo podía saber qué empresas o trabajadores recibían las ayudas investigadas y qué cantidad de dinero se les otorgaba a esos beneficiarios.

"Ni el Consejo de Gobierno ni el presidente de la Junta ni ningún otro consejero" disponían de esa información. En las fichas presupuestarias que llegaban al Consejo de Gobierno figurara que el dinero se dedica a subvenciones, la cantidad concreta de esa modificación y que el órgano gestor de la ayuda es la Dirección General de Trabajo, ha explicado. Griñán, por tanto, sigue apuntando a que cualquier posible delito de malversación de fondos públicos está en los cargos de la Consejería de Empleo. "El crédito no delinque", ha señalado en otro momento. El problema está en "la ejecución del gasto" que corresponde a Empleo.

El expresidente de la Junta y exconsejero de Hacienda, ha declarado este miércoles con tranquilidad y hasta con un punto de autoridad, mirando de cuando en cuando a su abogado. Ha manifestado, a preguntas de la Fiscalía que “no sabía ni conocía” el programa 31L, con el que se pagaban las ayudas investigadas, hasta que surgió “la causa”, en 2011. Era “insignificante”, en el presupuesto de Empleo, ha puntualizado. Luego ha añadido que la viceconsejera Aguayo no le entregó ninguno de los informes de la Intervención que iban dirigidos a él porque en ellos no se pedía la actuación del consejero. Por eso no pudo actuar ni intervenir para cambiar el sistema supuestamente inadecuado con el que la Junta pagó durante una década ayudas sociolaborales y directas a empresas.

“Se me informó por la causa y se me dijo que ninguno se me había remitido porque ninguno pedía mi actuación”, ha manifestado Griñán. “Cualquier actuación para movilizar al consejero sigue un procedimiento regulado”, de otra manera “la consejería no puede promover una actuación”, ha añadido; a lo que el fiscal le ha preguntado que qué sentido tiene entonces que se diga que se dé traslado al consejero. “Ninguno, salvo que la Intervención depende de la consejería”, ha respondido. El informe de actuación debía hacerlo la Intervención cuando apreciaba menoscabo de fondos públicos. El acusado ni siquiera conoció una retención de crédito ordenada por la Intervención el programa de los ERE, dado que la Agencia IDEA tenía un elevado déficit presupuestario porque Empleo asumía más compromisos de los presupuestados.

Griñán ha señalado que las transferencias de financiación, que desde 2001 usó la Junta para pagar las subvenciones investigadas pueden destinarse al fin que diga la ley de presupuestos cada año. “Son inocuas, forman parte del crédito, es un mecanismo presupuestario, ninguna ley hay que diga que son para compensar pérdidas”, ha explicado.

También ha explicado que él considera que las ayudas investigadas no están sujetas a la Ley de Subvenciones de 2003 y, por tanto, no están sometidas al control previo de la Intervención ni están obligadas al régimen de publicidad y concurrencia.

El expresidente nunca recibió información sobre ninguna de las irregularidades que se han descubierto en la dirección general de Trabajo. No sabe que los trabajadores de Aglomerados Morell comenzaron a cobrar sus pólizas antes de ser despedidos ni que el exdirector de Trabajo negociaba con las aseguradoras el pago de las pólizas que subvencionaba la Junta. “Lo que sé es que el Gobierno en Madrid y en toda España no negocia las pólizas. Eso lo hacen los sindicatos y los empresarios. Me imagino que se haría igual aquí”, ha respondido cuando Anticorrupción le ha mostrado un mail del exdirector Javier Guerrero a una compañía aseguradora. Tampoco sabía que la Junta estaba pagando “sobrecomisiones” a las aseguradoras para que abonaran las pólizas financiadas con fondos públicos. “No éramos conscientes”.

Griñán ha recordado que fue él como presidente de la Junta quien propuso a la Cámara de Cuentas que fiscalizara todo el programa 31L de 01 a 2010, “cuando conocí esto”. Además, ha manifestado que un consejero de Hacienda “no conoce la ejecución del gasto” de ningún organismo. “Eso lo controla la Intervención”.

El fiscal pide para Griñán 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Por haber supuestamente mantenido y financiado un sistema de pago de ayudas a empresas y socio laborales al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública.