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El Defensor del Pueblo archiva sus actuaciones ante "la falta de respuesta del ayuntamiento de Úbeda"

El defensor del pueblo archiva las actuaciones que inició hace tres años para instar al ayuntamiento de Úbeda a que adoptase medidas para evitar los cortes de agua a las familias sin recursos económicos

El defensor del pueblo archiva las actuaciones que inició hace tres años para instar al ayuntamiento de Úbeda a que adoptase medidas para evitar los cortes de agua a las familias sin recursos económicos, sugiriendo que se modificase la ordenanza para reconocer el derecho a un suministro mínimo o la bonificación a determinados colectivos.

Según una resolución de este organismo fechada a 26 de marzo de 2018, enviada a una reclamante y a la que ha tenido acceso esta emisora, la empresa concesionaria de agua, Acciona, rechazó las medidas propuestas y el ayuntamiento no ha expresado su criterio a pesar, dice esa resolución, se ha intentado de forma reiterada. Una negativa que interpreta como no aceptación, dice, el defensor completamente injustificada.

El expediente se incluirá en el informe anual del defensor al parlamento de Andalucía, pues esta institución no tiene poderes coercitivos. Es un asunto que ha denunciado el grupo de Podemos en Úbeda

La resolución pone fin al trabajo de varios años. Las quejas se remontan a mayo de 2015, cuando a dos familias de Úbeda se les cortó el suministro de agua por deudas de 2081 y 3985 euros respectivamente; con cinco miembros en la unidad familiar en uno de los casos, con seis en el otro. El defensor del pueblo se dirige a Acciona, empresa que gestiona el servicio, que asegura que se limita y tiene la obligación de cumplir el pliego de condiciones de la cesión; aunque se ofreció a fraccionar la deuda

Según el informe de 14 páginas del defensor del pueblo, aunque estos casos concretos se acabaron solucionando con mediación de servicios sociales, con intervención de cáritas y cruz roja y de la asistencia del ayuntamiento y de la junta de andalucia; hay cuestiones que han quedado sin responder. El defensor contactó con el ayuntamiento en repetidas ocasiones; en junio de 2015, en julio y en noviembre de ese mismo año ( esta vez ya por teléfono) y el 12 de febrero de 2016.

Y aunque finalmente recibieron los informes de estas familias, les informaron de la reunión que se había mantenido con Acciona para que accedieran a fraccionar los pagos y les informaron de que la ordenanza contempla bonificaciones cuando el consumo supera los 48 metros cúbicos y hay cinco o más personas en la vivienda sin fondos suficientes; el defensor del pueblo considera que hay cuestiones que no han sido respondidas.

En ese informe muestran su sorpresa porque los cortes de agua se produjeran cuando servicios sociales ya tenía conocimiento de que se estaba produciendo esta situación. Además solicita que se aprueben ayudas para afrontar los costes del suministro de agua cuando no resulte cubierta por otras ayudas o que se adapten las tarifas a las circunstancias personales de los usuarios en estas situaciones. Consideran que los cortes de agua deberían estar prohibidos en estas circunstancias

“No estamos queriendo decir que el Ayuntamiento haya de hacerse cargo con cargo a los fondos de emergencia social de todas las facturas impagadas, máxime cuando se trata de recibos acumulados que nunca han sido atendidos. Pero sí que la excepcionalidad de la situación requería de una actuación coordinada entre empresa concesionaria y Ayuntamiento de cara a facilitar mecanismos de pago para la regularización de la situación y la aportación de los fondos necesarios para atender a las personas más vulnerables” se puede leer en ese informe.

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