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La SER desvela el auto que investiga a PSPV y Bloc

El auto confirma la inhibición en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía para que continúen investigando

Auto referente a la investigación a PSPV y Bloc /

Tras el levantamiento del secreto del sumario, el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, confirma que no ve pertinente una investigación conjunta y relacionada de los diferentes hechos y por tanto decreta su inhibición en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía para que continúen investigando presuntos delitos que tendrían como denominador común la participación de la empresa Crespo Gomar que, según los informes policiales, podría haber facturado a las formaciones políticas PSPV-PSOE y Bloc-Compromís diversos servicios electorales de cuyos pagos se habrían hecho cargo distintas empresas mediante facturas falsas.

Además, el auto subraya la adjudicación a Crespo Gomar de diversos contratos públicos desde entidades dependientes del gobierno central en época de mandato socialista cuya adjudicación estaría plagada de irregularidades.

El auto desvela que la investigación comenzó en 2016 después de que el actual presidente del PP en Alicante, José Císcar, aportara numerosa documentación a la Brigada de Blanqueo de Capitales.

La jueza asume el criterio del Ministerio Fiscal para asegurar que “el de aquellos hechos relacionados con la financiación irregular de formaciones políticas, únicos hechos respecto de los que podría plantearse en parte la competencia de este juzgado. No obstante, teniendo en cuenta la fecha en la que se desarrollaron los mismos, y la regulación legal que existía sobre la financiación irregular en aquel tiempo, estos hechos estarían prescritos”.

En el caso concreto de unos servicios presuntamente prestados al PSPV por Crespo Gomar, la juez asegura que “en el estado actual de la investigación, se puede afirmar la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de Valencia”.

La tipificación delictiva del auto habla en su segundo punto de la subvención del Ayuntamiento de Gandía de la adquisición de un inmueble que la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana compró en septiembre de 2009 por 525.000 euros. El auto dice que “el Ayuntamiento participó en la compra al haber subvencionado la misma por un importe de 257.000 euros, siendo el importe del precio, casi el doble por el que fue adquirido y el propietario del inmueble, marido de la hija del teniente alcalde”. Al observarse en este caso hechos constitutivos de delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos en el ámbito de Gandía se remiten a esos juzgaodos.

Lo mismo ocurre con la contratación de un servicio de opinómetros en Benidorm y Madrid, asuntos remitidos a los juzgados de estas ciudades.

También la jueza se inhibe en favor de los juzgados madrileños por los contratos de servicios licitados desde organismos de la administración central como Aquamed y el Ministerio de Sanidad.

Auto íntegro

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