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Las universidades públicas de la Región aseguran que "aquí no puede pasar lo que ha ocurrido en la Rey Juan Carlos"

La UMU y la UPCT defienden la calidad y limpieza de los cursos de postgrado que imparten

Dos mil quinientos alumnos siguen este año en la universidad de Murcia uno de los 75 master que se imparten en la Universidad de Murcia. Cuatro de ellos son "profesionalizantes", es decir, son necesarios para ejercer una profesión, como por ejemplo, de abogado o profesor de secundaria. De esos 75, 9 son interuniversitarios y participan, al menos, dos universidades.

La UMU imparte másteres en Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades. Los de tipo tecnológico se imparten en la UPCT.

Por esta formación postgrado, estos alumnos pagan entre 1.200 euros que cuesta por año uno de los llamados "master habilitantes" (necesarios para ejercer una profesión como la abogacía) o hasta 2.300 que cuestan los que no lo son.

Sobre el caso Cifuentes, el vicerrector de Estudios de la UMU, José Manuel Miras, reconoce que la imagen de las universidades se está viendo perjudicada y lanza un mensaje de tranquilidad a los alumnos y sus familias.

Asegura que en la UMU sus procedimientos impiden que pase lo que ha ocurrido en la Universidad Rey Juan Carlos.

Todos los títulos de postgrado en la universidad de Murcia están dirigidos e impartidos por profesores de los distintos centros que de ella dependen y no existe ningun instituto o centro autónomo que disponga de autorización para ofertarlos.

Unos quinientos estudiantes de dentro y fuera de la Región de Murcia cursan este año alguno de los 18 másteres de especialización y 6 con atribuciones profesionales que se imparten en la UPCT y cuya excelencia "está fuera de dudas". José Luis Muñoz Lozano, vicerrector de ordenación académica y calidad, asegura que el prestigio de las titulaciones está avalado también por las empresas que luego emplean a los estudiantes.

Muñoz Lozano explica que todos los títulos de posgrado y grado de la UPCT están sujetos al control externo de la Agencia Nacional de Calidad (ANECA). Además, la universidad cartagenera tiene un sistema de control interno muy garantista, que por ejemplo, impide la manipulación de actas o que éstas puedan desaparecer.

Muñoz Lozano se muestra optimista y cree que si el Caso Cifuentes se resuelve pronto, no afectará a la imagen de la universidad pública española.

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