Almería vuelve a tomar la calle en defensa de unas “pensiones dignas”

Almería

Los jubilados siguen en su lucha por unas pensiones dignas y, tras la manifestación multitudinaria del pasado 17 de marzo, vuelven a tomar las calles en contra de la subida "ridícula" del 0,25%, tal y como era definida en sus pancartas y consignas. Tal y como explicaba la secretaria general de UGT en Almería, Carmen Vidal, minutos antes de arrancar la marcha de ayer, este 0,25 que ha fijado el Gobierno central está "muy por debajo de la subida del IPC que en Almería vuelve a estar un mes más por encima del resto de las provincias. No se puede mantener un nivel de vida digno si las pensiones suben un 0,25 y el IPC un 1,1%, explicaba.

En torno a 2.000 manifestantes, según cifras oficiales -entre 2.000 y 3.000 según el sindicato UGT- recorrieron el Paseo de Almería pasadas las doce del mediodía en una movilización que tendría como destino la Plaza de las velas.

Vidal, recordaba que “el diálogo social debería ser la prioridad de cualquier gobierno, además de la derogación de la reforma de 2013 que imposibilita un modelo público de pensiones eficiente, viable y una contribución a la seguridad social en condiciones”. Del mismo modo, Vidal hace hincapié en la necesidad de renovación del Pacto de Toledo y la tramitación en su comisión de la garantía y sostenibilidad de las pensiones del presente y las del futuro”.

Por su parte, Antonio Valdivieso, secretario general de CCOO Almería añadía que “igual que los sindicatos no podemos permitir que un trabajador/a tenga un salario por debajo del SMI, tampoco podemos permitir que una persona jubilada o pensionista cobre por debajo de lo que le corresponde”. Valdivieso incide, además, en que “la pensión media en Almería es la más baja de Andalucía con 650 euros, cuando en España es de 918”.

Desde ambos sindicatos subrayaron la necesidad de que debe ser la ley de PGE la que respete cualquier pensión pública, sin entrar a valorar las diferentes medidas fiscales que el gobierno pretenda llevar a cabo. Por ello, los líderes sindicales exigen una desvinculación total entre éstas y la garantía de nuestro sistema de pensiones públicas.