La exconsellera Mateu declara este miércoles como imputada en el caso Contratos

Palma de Mallorca

Arrancan las declaraciones por el caso Contratos que implica a exaltos cargos de la formación econacionalista Més. Este miércoles están citados a declarar la exconsellera de Cultura, Ruth Mateu, el exdirector general de Cultura, Jaume Gomila y el exdirector del Institut de Estudis Balearics, Josep Ramón Cerdá. Comparecen como investigados por la presunta concesión irregular desde su departamento de varios contratos a la empresa del que fuera jefe de campaña del partido Jaume Garau. Está previsto que el jueves comparezca el propio Garau, así como el que fuera director de la Agencia Balear de Turismo, Pere Muñoz.

El pasado mes de octubre la fiscalía anticorrucpión presentó una denuncia por prevaricación y tráfico de influencias contra cinco cargos del Govern por la concesión de contratos a Garau. La denuncia fue dirigida contra la exconsellera Mateu, que dimitió tras la polémica por este asunto y contra el que fuera gurú de Més, así como otros tres exaltos cargos. La denuncia fue registrada en el juzgado de instrucción número nueve por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El Ministerio Público arrancó las diligencias de investigación en abril del año pasado para dilucidar si se produjeron irregularidades en los contratos otorgados de forma directa por algunas de las Consellerias de Més al que fuera su jefe de campaña. Durante este tiempo se investigaron los seis contratos cerrados desde los departamentos de Turismo, Agricultura y Transparencia, además de uno que se hizo desde la regiduría de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma.

Los contratos sumaban más de 154.000 euros y fueron concedidos mediante la fórmula del contrato menor, que permite a las administraciones otorgar trabajos de forma directa por importes inferiores a los 18.000 euros. La Fiscalía acusa al ex director gerente de la Agencia Balear de Turismo de favorecer arbitrariamente a Garau fraccionando un contrato de 80.000 euros. Sostiene la acusación pública que había una única unidad operativa y funcional en el encargo de la Conselleria de Turismo pero los querellados acudieron al fraccionamiento, expresamente prohibido por la legislación administrativa.

Respecto al departamento de Cultura, la denuncia apunta que tres contratos adjudicados desde tenían por objeto la misma prestación de servicios y constituían una unidad operativa y funcional, por lo que debían haber sido objeto de un solo contrato sin adjudicación directa. Sin embargo, Anticorrupción asegura que se fraccionaron para eludir la legalidad administrativa. El caso se llevó por delante a la entonces consellera de Transparencia, Ruth Mateu, que dimitió de su puesto tras el escándalo político que suscitaron las adjudicaciones.