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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha anula la adjudicación que hizo el Partido Popular en Almodóvar del Campo del ciclo integral del agua hasta 2033

La anterior concesionaria Aquona denunció al entender que se produjeron irregularidades en la adjudicación a Acciona. El Consistorio planteará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ayuntamiento de Almodóvar del Campo /

El  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha TSJCM ha anulado la adjudicación que el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo realizó en 2013 por un período de 20 años del servicio del agua a la empresa Acciona, después de que la anterior concesionaria, Aquona, lo denunciase al entender que se produjeron irregularidades en el proceso, irregularidades confirmadas ahora por la máxima instancia judicial en nuestra región. La sentencia desestima otra anterior,  dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real en febrero 2016 y, por lo tanto, revoca la adjudicación a Acciona

El TSJCM considera en su sentencia que el proceso de licitación y la adjudicación por parte del órgano de contratación se vio alterado “de forma esencial y antijurídica ” por el equipo de gobierno del Partido Popular que decidió la apertura de los sobres de las ofertas antes de solicitar el preceptivo informe previo.En concreto, la sentencia establece que cuando el alcalde , el popular José Lozano, pidió un informe para la valoración de ofertas presentadas antes de su adjudicación por el órgano de contratación, lo hizo con uno de los sobres abierto . Con la apertura previa de este sobre, continúa la sentencia, lo que el alcalde pide es una "nueva valoración de ofertas", en un momento del procedimiento en que ya no era posible hacerse, alterándose el marco legal de valoración y clasificación contractual que contaminó jurídicamente la adjudicación y haciéndola ilegal.

Esta vulneración de la legalidad, prosigue la sentencia, se confirmó también con la alteración de la composición y funcionamiento de la Mesa de Contratación, que actuó sin la presencia del técnico municipal que había elaborado el informe técnico , lo que pone en duda su decisión. La nueva valoración alteró la posición de las empresas licitadoras y alteró de hecho el resultado de la adjudicación. Todas estas presuntas iregularidades han llevado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a anular el proceso de adjudicación —vigente hasta 2033 y aprobado en Pleno con los votos en contra del PSOE y la abstención de IU— en el que Acciona obtuvo 98,50 puntos después de una valoración que el magistrado considera irregular, seguido de los 98,25 de Aqualia y los 96,75 puntos de Aquagest.

El consistorio ya ha anunciado su intención de plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Desde el equipo de Gobierno se expresa el máximo respeto a este nuevo fallo, al tiempo que se expresa que la adjudicación en cuestión se hizo en base a la legalidad vigente en el ámbito de las contrataciones en el sector público. En comunicado oficial, el equipo de gobierno justifica la petición de nuevos informes valorativos una vez abierto uno de los sobres en base a lo que dispone el artículo 151.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que establece que se podrán solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes el Órgano de Contratación, y que el nuevo informe se hizo en base a las alegaciones formuladas por un aspirante no ganador. Además, el consistorio defiende que la Mesa de contratación se constituyó legalmente y que la ausencia del técnico municipal se debió a que se encontraba de vacaciones y causó baja justo a continuación por jubilación, existiendo según el ayuntamiento el quórum suficiente según criterios cuantitativos y también cualitativos

 El Ayuntamiento igualmente recuerda las dudas que la Audiencia Provincial sostiene acerca de la sociedad mercantil recurrente, Aquona, al cuestionar la integridad de políticos, funcionarios y profesionales y  no cuestionar en cambio  el informe técnico que les fue favorable, que podría haber conocido con anterioridad. Según el Ayuntamiento, el fallo del TSJCM elimina la capacidad decisoria de los órganos de contratación, vulnerando la jurisprudencia. La adjudicación fue decidida en pleno con el voto a favor del los populares, en contra de PSOE y la abstención de IU

 

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