La REACT y la policía local intentan sacar a Ponferrada del canal de ropa falsificada

Ponferrada

El Intendente de la policía municipal, Arturo Pereira, y el concejal de policía, Ricardo Miranda, han recogido de la mano de la abogada de React, Helena Díaz de Miguel, la placa con la que la asociación de carácter internacional quiere agradecer la colaboración del ayuntamiento en la erradicación de los delitos contra la propiedad industrial, una ayuda que se ha transformado en tres intervenciones con 11 investigados y 1.226 productos decomisados en el mercadillo de Ponferrada.

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"Es la experiencia piloto con la que hemos empezado la colaboración en la misma materia con otras ciudades españolas del calado de Ibiza, Mallorca, Menorca, o Málaga", señala Helena Díaz que representa a la organización con sede en Ámsterdam y que tiene 27 años de experiencia en la lucha contra la venta de marcas falsificadas que se sigue en 90 países.

Díaz es una profesional del Derecho con sobrada experiencia en el campo del Derecho de la Propiedad Intelectual y del Derecho de Autor, Propiedad Industrial, y Nuevas Tecnologías, y su tarea en REACT es la de actuar en la detección y control de la venta de marcas para la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

"La huella de Ponferrada en el Camino de Santiago fue la señal para que propietarios de marcas viesen la actividad que generaba la venta de falsificaciones en esta ciudad y lo que la puso en el objetivo de la lucha internacional contra las falsificaciones", indica el inspector de REACT, Antonio Morán. Desde aquí arrancó un plan piloto que ahora se extiende a otras ciudades de España", remarca quien además reconoce que la puesta a disposición judicial de estos delincuentes no supone el resarcimiento económico de los perjuicios que ocasionan para las marcas dado que la mayoría son "insolventes".

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De hecho, tanto los representantes de REACT como el Intendente de la policía lamentan que este tipo de delitos "no acabarán nunca. Seguirán siempre que salga una marca nueva ".

En el caso de Ponferrada, el perfil todos los puestos a disposición del juez son españoles y sin relación con sociedades que pudieran hacerse cargo de la responsabilidad económica que conllevan por lo que "nos conformamos con que desaparezcan las prendas y productos que se hayan recogido", dice la representante legal.