Palma prohibirá definitivamente el alquiler vacacional en pisos

PALMA

El Ayuntamiento de Palma prohibirá definitivamente el alquiler vacacional en pisos. Esta actividad solo se podrá llevar a cabo en viviendas unifamiliares, excepto las situadas en suelo rústico, en el entorno del aeropuerto y en zonas de otros usos como los polígonos industriales. El teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, José Hila, ha presentado la propuesta de zonificación del Consistorio para dar respuesta a la instancia de la Ley Autonómica de Turismo, que pedía al municipio un plan en el que se delimitasen las zonas en las que se podía practicar al alquiler vacacional.

Hila destaca que la decisión se ha tomado teniendo en cuenta el bienestar de los residentes y tras recabar una serie de datos sobre el mercado del alquiler vacacional y su impacto en la cuidad. La oferta de este tipo de viviendas entre 2015 y 2017 se ha disparado un 50 por ciento y se ha detectado que el arrendamiento turístico se oferta una media de siete meses por año, lo que restringe las posibilidades de ofrecer pisos para alquiler de larga estancia.

Para el equipo de gobierno, existe un "claro paralelismo" entre la proliferación del alquiler vacacional y la falta de arrendamiento residencial y la subida de precios. Palma se situó como la segunda ciudad del país en la que más dinero se destina al alquiler, lo que sumado a la bajada de las rentas fruto de la crisis obliga a las familias a destinar más fondos al pago de la vivienda. Hila defiende la medida porque "afecta a la convivencia social".

Actualmente en Palma se ofertan unas 11.000 plazas de alquiler vacacional, cuando tan solo hay 645 autorizaciones. El alcalde de Palma, Antoni Noguera, afirma que el Ayuntamiento ha tomado esta decisión pensando en "la protección a los residentes". Cree que la iniciativa es "pionera y será referencia para otras capitales del país".

A partir de ahora, en el próximo pleno se aprobara la propuesta de forma inicial. Se abrirá un periodo de 30 días de información pública y se solicitarán los informes preceptivos al Consell de Mallorca. Tras resolverse las alegaciones, se iniciarán los trámites medioambientales y se llevará al pleno de julio para su visto bueno definitivo.