La Fiscalía investiga si la Diputación de Álava cometió prevaricación en el caso de las multas a los cazadores

Tras las primeras indagaciones en los expedientes de la Diputación, la Fiscalía ha denunciado a una docena de cazadores por furtivismo, caza ilegal y maltrato animal

La Fiscalía investiga si la Diputación cometió prevaricación o tráfico de influencias en la tramitación de los expedientes sancionadores a cazadores /

La Fiscalía avanza en el caso de los supuestos favores de la Diputación de Álava a cazadores que han infringido las normas de caza. Según ha podido confirmar la CADENA SER, la Fiscalía abrió el pasado mes de febrero diligencias para investigar si la Diputación ha cometido algún delito -prevaricación o tráfico de influencias- en la tramitación de sanciones a cazadores a los que sospechosamente se archivó las denuncias o se rebajaron las multas previstas en la normativa.

En mayo de 2017, la Fiscalía recibió una denuncia de un guarda forestal, molesto porque muchas de las denuncias que abría a cazadores infractores se paralizaban o sobreseían cuando su tramitación llegaba a los despachos de Diputación. Desde aquel momento, la Fiscalía ha estado analizando los expedientes de multas de caza de la Diputación de los últimos años y, de momento, ha concluído que, al menos, en una docena de esos expedientes existe la posible comisión de delitos por caza ilegal, furtivismo y maltrato animal. La Fiscalía ha denunciado estos casos ante los juzgados.

Pero la intervención de la Fiscalía no se va a quedar en perseguir a los cazadores que infringen la ley. Las nuevas diligencias abiertas en febrero tratan de determinar si altos cargos y responsables técnicos de la Diputación rebajaban o archivaban sanciones de forma ilegal.

El guarda forestal llevó esta denuncia a la Fiscalía después de haber llamado a la puerta de los responsables técnicos y políticos del departamento de Agricultura para alertarles de que muchos infractores se estaban yendo de rositas, mientras su trabajo de vigilancia en el monte era tirado por la borda. No atendieron sus quejas, las irregularidades continuaron y el guarda acudió a las Juntas Generales para explicar a los partidos lo que estaba ocurriendo. El guarda fue amenazado en dos ocasiones con la apertura de un expediente disciplinario si continuaba denunciando los supuestos chanchullos. Visto que nada se movía en Diputación, decidió recurrir a la justicia.

"Tengo conocidos en Diputación"

Entre los casos analizados por la Fiscalía hay situaciones muy extrañas. Por ejemplo, por un mismo hecho a varios cazadores un mismo día a la misma hora y en el mismo sitio, algunos se libran y a otros les cae una sanción. En varias ocasiones, los expedientes ni siquiera se abren, y en otras el archivo de expedientes viene precedido por llamadas telefónicas y reuniones entre los denunciados y responsables del departamento de Agricultura.

"Tengo conocidos en Diputación y se moverán para que estas denuncias no prosperen", le espetó un furtivo al guarda. Un testimonio que coincide con la versión de otros dos compañeros suyos a los que entrevistó la Cadena Ser hace un año. Los cazadores denunciados se jactaban de tener contactos en la Diputación. "A mí alguna vez me han dicho 'pues tú denuncia o haz lo que tengas que hacer, que yo ya hablaré con quien tenga que hablar", explicaba uno de los guardas. Y se las quitaban.

El guarda denunció ante la Fiscalía casi 40 irregularidades cometidas en diversos expedientes entre los años 2014 y 2016. Alertaba a la Fiscalía del incumplimiento sistemático de la Ley de Caza del País Vasco en perjuicio del medio ambiente y de los cazadores que actúan de buena fe y cumpliendo las normas. Y se preguntaba si esto se debía a intereses personales, amiguismo o cualquier otro motivo que desconoce. Y es lo que ahora investiga la Fiscalía en las nuevas diligencias abiertas en febrero.

A pesar de que muchas de las irregularidades competen a la actual legislatura, el diputado de Agricultura, Eduardo Aginaco, habla de "fallos heredados" del anterior Gobierno foral. En la última comparecencia en Juntas Generales, Aginaco defendió que la caducidad de los expedientes había sido desterrada por el actual Gobierno. Y es cierto que los expedientes caducados bajaron de 19 a 2 entre 2014 y 2016 pero, sin embargo, en el mismo periodo los expedientes no iniciados subieron de 1 a 4, y los sobreseídos casi se doblaron: de 12 a 21. Además, de las 19 las denuncias que recibieron sanción en 2016, en ocho se rebajaron las sanciones, el mayor porcentaje de los tres años anteriores.

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