Los 3 colombianos liberados de una granja de Sarria donde eran explotados tienen 3 meses para regularizar la situación en España

Lugo

Los tres colombianos que fueron liberados por la Policía Nacional, donde trabajaban en condiciones poco menos que de esclavitud en una granja porcina de Sarria, disponen de tres meses para regularizar su situación en España.

Por este motivo fue detenida la empresaria propietaria, por supuestos delitos de trata de seres humanos y explotación laboral, que, según la Policía captó a estos tres ciudadanos colombianos en su país de origen, que llegaron a este país como “turistas”. Estos tres trabajadores ilegales vivían en condiciones “inhumanas” e “insalubres”, según el atestado policial.

Se les obligaba a trabajar once horas diarias, seis días a la semana, sin atención médica. Los agentes rescataron a estos hombres, que residían en una habitación encima de la granja, entre ratas y bebiendo agua sucia.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Lugo, Ramón Carballo, ha precisado que la policía actuó “a través de terceras personas que comunicaron que podía haber explotación laboral en una granja de Sarria”. “La policía hizo su trabajo de investigación y detuvo a esta persona (a la empresaria de Sarria) por los supuestos delitos de trata de seres humanos y explotación laboral”, ha subrayado.

Es a partir de ese momento, cuando se produce la liberación, “cuando la subdelegación autoriza a esos trabajadores para que regularicen su situación en tres meses”. “Tienen tres meses para regularizar y aclarar su situación laboral. Tres meses para intentar arreglar su situación en España dado que llegaron como turistas y no era así sino que estaban en una situación de explotación y trata de seres humanos”, detalla.

Ramón Carballo se afana en aclarar que los “trámites” para poder conseguir la “estancia” en España se puede producir, “por contrato laboral o por arraigo o agrupamiento familiar”. “Cualquier de esas circunstancias podrían arreglar su situación, o sino regresar a su país y volver a iniciar los trámites”, ha explicado.

El subdelegado del Gobierno finalmente ha confesado que se trata de “un hecho aislado”, poniendo el acento en que en los años que lleva como subdelegado, más de seis, “no” había tenido conocimiento de un caso como éste.