PNV y PSE adaptan la RGI a las nuevas realidades familiares

Bilbao

El acuerdo del PNV y el PSE para la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos, introduce numerosos cambios destinados a atender a las nuevas formas de familia y de convivencia. Cambia la forma de cálcular la cuantía de las ayudas, crea una nueva Renta Básica sólo para jubilados e incluye la introducción de la huella digital como forma de identificación, entre otras novedades.

Una de las claves que presenta la proposición de ley que PNV y PSE han presentado en el parlamento y que quieren negociar con el resto de grupos, es que hace más flexible la renta básica para adaptarla a las nuevas realidades convivenciales, como los jóvenes que comparten piso, los divorciados o los abuelos que mantienen a sus hijos desempleados, según ha explicado la parlamentaria del PSE, Gloria Sanchez.

Como norma general se mantiene la concesión de una única RGI por unidad de convivencia, pero para calcular su cuantía ya no se tomará como referencia el Salario Mínimo Interprofesional, sino que se crea un nuevo "Indicador de Gastos Mínimos Comunes", que se fija inicialmente en 455 euros, al que se irán añadiendo complementos, por ejemplo cuando haya menores o discapacitados. La renta básica máxima para una sola persona será de 660 euros, 15 más que ahora.

Otra de las novedades destacadas es la creación de una "Renta Garantizada para Pensionistas", que complementará los ingresos de quienes cobren pensiones más bajas hasta garantizarles 785 euros al mes en el caso de una sola persona, unos 50 más que ahora, o 978 euros si son dos personas.

La norma incluye otras novedades como la introducción de la identificación mediante la huella digital, que será voluntaria y también habrá incentivos para la reintegración en el mercado laboral.

Para poder acceder a ambas prestaciones, se deberán cumplir unos requisitos como tener al menos 23 años, estar empadronado por lo menos con tres años de antelación y demostrar una actividad laboral remunerada durante al menos cinco años. En el caso de los refugiados no será necesario el empadronamiento.

Además de estas prestaciones de derecho subjetivo, que se concederán con carácter bianual renovable, la proposición recoge las Ayudas de Emergencia Social (AES) dirigidas a hacer frente a gastos específicos como los de alquiler, de energía o de compra de mobiliario y electrodomésticos.

Las reformas contenidas previstas en esta ley tienen que ver también con la incorporación de nuevos derechos, como el que garantiza la Ley de Vivienda, que obliga a que se elimine la actual Prestación Complementaria de Vivienda del sistema de garantía de ingresos, ya que se deberá regular a través del decreto del derecho subjetivo que se aprobará en breve.

En cuanto a las cantidades indebidamente cobradas por prestaciones, como norma general, la obligación de reintegrar las cantidades prescribirá al año, desde el día siguiente a su cobro, siempre que no haya habido voluntad de fraude.

El texto consensuado por nacionalistas y socialistas establece un régimen de infracciones y sanciones que van desde multas de hasta 200 euros por infracciones leves, de 201 a 500 en las graves y desde 501 a 5.000 euros para las más graves.

En todos los casos se sancionarán con la extinción de la prestación y la imposibilidad de volver a acceder a una ayuda en el plazo de 3 meses, 1 año y 5 años en función de la gravedad de las infracciones.

La concesión o denegación de las dos rentas corresponderá al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y de las AES al ayuntamiento correspondiente.

Además Lanbide podrá realizar todas las actuaciones de "comprobación y supervisión" al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de los solicitantes, titulares y beneficiarios de la prestación.