Desestimada la demanda contra el Ayuntamiento por el cese del director de un centro deportivo

Madrid

Ni “desprecio por la ley”, ni tampoco “purga”, como dijo el Partido Popular. El Juzgado de lo Social número 32 de Madrid ha desestimado la demanda presentada por José Luis Herrera contra el Ayuntamiento de Madrid. Este empleado público, que desde 2005 desempeñaba las funciones de director del centro deportivo de Valdebernardo (Distrito de Vicálvaro), planteó la demanda cuando el Ayuntamiento revocó la adscripción provisional que tenía y lo adscribió provisionalmente al puesto de jefe de sección en el mismo centro.

El funcionario, que fue apartado como responsable de la instalación deportiva, denunció al Consistorio por entender que la adscripción provisional debía mantenerse hasta la cobertura reglamentaria del puesto. Esto ocurrió en septiembre de 2016 y en su demanda, además de pedir la restitución en el puesto de director, reclamaba la diferencia salarial entre su nuevo destino y el anterior.

El concejal del distrito, Carlos Sánchez Mato, “tomó la decisión de cesarle de sus funciones ante la falta de disposición por parte del entonces director a poner en marcha mejoras en la gestión del centro y sus actividades, de acuerdo a la nueva política del Gobierno municipal”.

El Ayuntamiento entendió que, dado que el nombramiento era por adscripción provisional, “era pertinente y legal poder nombrar a otra persona –en este caso una directora– con el mismo procedimiento. El fallo del juzgado desestima la reclamación del demandante y da la razón al Ayuntamiento, “descartando que hubiese ninguna motivación personal o ideológica detrás de la decisión”.

Según la sentencia, el Gobierno de Carmena alegó “que se trata de un cargo de confianza y que es de aplicación el artículo 111 del convenio colectivo puesto que tanto el cese como el nombramiento es de libre designación”. También manifestó que la solicitud partió del concejal del distrito de Vicálvaro “por haberse perdido la confianza en el demandante y que desde que cesó hace funciones de jefe de sección y así se le ha retribuido”.

Un caso politizado

La concejala del PP Carmen Castell llevó este asunto al pleno municipal donde no dudó en arremeter contra Sánchez Mato, al que llegó a acusar de actuar “sin criterio ni respeto por la legislación que protege los derechos de los trabajadores”.

Y no solo eso, el PP también apeló a la alcaldesa, Manuela Carmena, “como jefa de la estructura”. “Es absolutamente injustificable esta purga de su concejal de Hacienda –cargo que también ocupaba Sánchez Mato en aquella época– garbanzo negro de un Gobierno en el que usted predica la bondad hasta en la mismísima ONU”, prosiguió el PP.

Sánchez Mato explicó entonces que “la revocación, que no cese, de una adscripción provisional, es una figura en la que no solamente los sindicatos sino seguramente este equipo de Gobierno no está de acuerdo, la crearon ustedes –en alusión al PP–, llevan muchos años existiendo” y también las han utilizado en ocasiones.

En la comunicación que de manera interna se le envió al funcionario se hablaba “de la necesidad de reorganizar las instalaciones deportivas del distrito y coordinar su funcionamiento para una mejor gestión de los intereses ciudadanos, considerándose que para conseguir dicho objetivo es necesaria la renovación en la dirección del centro y eso es lo que hemos hecho, solo eso”

“Las adscripciones provisionales pueden ser una figura que tengamos que debatir y que tengan que desaparecer, las inventaron ustedes, y son, como su nombre indica, provisionales. Esto no quiere decir que cuando se toma una decisión con una de esas adscripciones ustedes consideren que estoy actuando fuera de la ley”, zanjó Sánchez Mato.