Luis, padre de una víctima de bullying: "Nunca te esperas esto por parte de la justicia. Es un bofetón en toda regla"
La justicia absuelve a las dos menores acusadas de acosar a una chica de 15 años a pesar de que la sentencia prueba que hubo una agresión física que ha prescrito
Madrid
Las presuntas acosadoras de María, una chica de 15 años, que ha denunciado que sufre bullying desde los 13, han quedado en libertad sin cargos. Su caso se lo hemos venido contando en la SER. El juzgado de menores número 6 de Madrid, en la sentencia sobre este caso, cree que no hay pruebas de que las menores acusadas cometieran un delito de coacciones y otro de amenazas. Sí reconocen probada una agresión física en mayo de 2016 hacia la víctima pero la jueza considera que el delito ha prescrito.
Esa agresión se produjo en las fiestas del barrio de Hortaleza (Madrid) en mayo de 2016 y aparece como el único hecho probado en la sentencia: la jueza relata que la víctima fue golpeada en la cara por parte de una de las acusadas, lo que le causó hematomas en la frente. Una falta leve que prescribe en tres meses, un tiempo que ya había pasado cuando la fiscalía se lo comunicó al juzgado seis meses después de la agresión. Por ese motivo, la jueza absuelve a la agresora.
¿Por qué la fiscalía tardó seis meses en presentar denuncia por esta agresión en los juzgados? "El fiscal nos dijo que no iba a hacer nada, que no se iba a leer el Quijote, porque era el expediente que le había mandado la policía con la relación de todos los antecedes de posible acoso", explica Luis, el padre de esta menor. "Hasta septiembre no volvimos a saber nada de él, cuando yo salí en los medios de comunicación y al día siguiente me llamó el fiscal para decirme que había hablado con la otra menor y que le había prometido que no le iba a pegar más", cuenta este padre en declaraciones a la Ser.
La familia denuncia que la propia fiscalía de menores rechazó el listado de testigos, de compañeros de clase de María, que como acusación particular propusieron para declarar en el juicio. "Si tú ya no concedes que vayan al juicio los testigos que han visto las agresiones y todo tipo de vejaciones, el juicio está perdiendo fuerza", apunta Luis. Tampoco, dice la familia, se ha tenido en cuenta que los agentes tutores de la policía municipal acompañaron varios días de paisano a la víctima del instituto a casa y que una de las acusadas fue expulsada del centro educativo por acosar a María. "Yo creo que la policía ha hecho su trabajo, ha llegado hasta donde ha podido, también la directora del instituto", asegura el padre de María, "donde hemos visto una inacción total ha sido por parte de la fiscalía y de la justicia". A la menor la volvieron a agredir y acosar, denuncia la familia, "porque la justicia no puso coto a las denunciadas". "Había barra libre", apunta Luis.
En su sentencia, el juzgado de menores número 6 de Madrid tampoco aprecia delito en los comentarios vertidos por las menores en redes sociales al no apreciar que quede probado a quién van dirigidos esos mensajes. Sin embargo, para la familia, está claro quién es el destinatario a tenor de la fecha en la que se publican. Un día antes del juicio, celebrado en febrero, una de las acosadoras escribió en una famosa red social: "No sé si es peor esto de no liarla, porque se me está acumulando el odio y la rabia y el día que explote no voy a parar hasta que no la vea muerta". En otro mensaje, en otra red social, el día posterior a la declaración de las denunciadas en el juicio, aparece este texto: "Hacemos un agujero de su tamaño en el descampado del Sporting (de Hortaleza), le damos un palazo en la cabeza y ya la metemos y enterramos. Nos ponemos plástico por todo el cuerpo y así no se nos cae nada. Lo hacemos a las cuatro de la mañana. Nadie nos ve."
La familia de Maria ya ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra esta sentencia. Un recurso en el que solicitan que se repita el juicio y se acepten los testigos propuestos. Los padres de María esperan que la fiscalía también mueva ficha y recurra ya que en su petición inicial exigían 15 meses de libertad vigilada para una de las menores denunciadas y 5 meses de trabajos sociales para la otra.