IU lleva a los tribunales las supuestas irregularidades del SCS

Santander

Izquierda Unida  ha llevado a la Fiscalía de Cantabria las supuestas irregularidades en las adjudicaciones del Servicio Cántabro de Salud denunciadas por jefa del Servicio de Contratación de este organismo, Inmaculada Rodríguez. La denuncia fue presentada este lunes, 30 de abril, y según ha explicado hoy su coordinadora general en Cantabria, Leticia Martínez, IU pretende con esta acción "contribuir a tener unas instituciones limpias y democráticas", que no sólo "no cometan irregularidades o ilegalidades" sino que tampoco pese sobre ellas "ninguna sospecha de ello".

La responsable de contratación del SCS denunció, en una comunicación interna que ha sido publicada por los medios, la paralización de expedientes administrativos sin motivación, la recepción de obras, servicios y suministros que no se encuentran listos para su entrega, a los que se tramita la facturación a pesar de la previas advertencia de ilegalidad, y la realización de propuestas de contratación con base en acuerdos previos de terceros ajenos a la administración con empresas concretas, con intervención de estos tanto en la propuesta de contratación como en la evaluación final.

Así lo recoge IU en su escrito, en el que también alude a la carta enviada por la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, al jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla, en la que afirma tener conocimiento de graves irregularidades en la contratación del SCS.

Para IU, los hechos denunciados por la funcionaria y posteriormente por la presidenta del PP exceden, de confirmarse, "el ámbito de la mera ilicitud administrativa", y podrían implicar la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, así como de usurpación de funciones y falsedad en documento público.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, añade que estos hechos tienen, por "inusitada gravedad", "un fuerte impacto y repercusión en la sociedad", sin que "paradójicamente" hasta el momento, salvo error u omisión, hayan sido denunciados ante la autoridad competente.

IU apunta que la denuncia inicial viene refrendada por la máxima responsable funcionarial del ámbito de la contratación administrativa del SCS y que también son públicas y notorias las acusaciones de Sáenz de Buruaga, "con aparente respaldo documental no puesto a disposición de esta parte".

Ante la "gravedad" de las supuestas irregularidades y "la posible alarma social creada" solicita que designe un fiscal especial para dirigir la investigación hasta su conclusión y, en su caso, se ejerciten las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas.

IU propone que se tome declaración a la jefa del Servicio de Contratación del SCS y que se requiera a la secretaria general del PP en Cantabria, María José González Revuelta, para que remita una copia del dossier documental completo entregado al Gobierno.

"Hacemos lo que haría cualquier ciudadano: pedir a la Justicia que investigue unas presuntas irregularidades que han causado alarma social", ha afirmado Leticia Martínez, quien considera que la presentación de esta denuncia "también es luchar por la sanidad pública".