“El Consejo de Gobierno conoció, amparó y cebó el procedimiento opaco” con el que se pagaron los ERE”

Sevilla

El sargento de la Guardia Civil que investigó, entre otras, las ayudas que Empleo concedió a empresas de la Sierra Norte de Sevilla ha manifestado y repetido durante su declaración ante el Tribunal que el Consejo de Gobierno “conocía” el sistema “opaco” y supuestamente irregular con el que la Junta pagó subvenciones desde 2001. También “lo amparó” y “lo cebó” con las modificaciones presupuestarias que aprobaba para poder hacer frente a los compromisos de la consejería de Empleo.

Este investigador ha puesto de manifiesto como el exconsejero de Empleo acusado, José Antonio Viera, concedió en un solo día 16 millones de euros para empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Ocho millones fueron aquel día para empresas de los exconcejales socialistas de El Pedroso Rosendo y Sayago. Casi todas sin trabajadores, en otra, Marco de Estudios, “solo trabajaba” la hija de Viera, lo que le lleva a concluir que estas sociedades “eran instrumentos para captar fondos públicos”, “captan subvenciones de manera masiva”. “Existía un abuso descontrolado”, ha insistido, y ha recordado que para los exconcejales se aprobaron 34 millones de euros, de los que acabaron cobrando la mitad.

Otro guardia civil, un comandante, ha afirmado que a partir de 2001 “la Junta desplazó la normativa aplicable” para conceder subvenciones, lo que causó “un daño real y efectivo a los fondos públicos”. Eso ocurrió porque la Ley de Presupuestos incluyó, por primera vez, la figura de las transferencias de financiación para hacer llegar dinero desde Empleo a la Agencia IDEA, con el que se pagaban las ayudas investigadas. Con esta “presupuestación” de las transferencias se impedía la fiscalización del gasto en Empleo y así se provocó “esto”, “esta situación” o lo que también ha calificado como “falta de control”. “Sin esa figura presupuestaria de la transferencias no hubiera existido esto”, el caso de los ERE, ha señalado.

En este primer juicio de los ERE que se celebra en la Audiencia de Sevilla se juzga si la junta diseñó, mantuvo y financió un sistema supuestamente ilegal de concesión de ayudas socio laborales y directas a empresas entre 2001 y 2010. Entre los acusados están los expresidentes Chaves y Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.