CGT denuncia amaño en subvenciones de los sindicatos mayoritarios

Burgos

El sindicato CGT valora denunciar ante la Fiscalía a UGT, Comisiones Obreras y las patronales CEOE y CEPYME por una supuesta malversación de fondos públicos en el reparto de 78,6 millones de subvenciones para acciones de prevención de riesgos laborales entre 2012 y 2015 en todo el Estado, en base a un informe del Tribunal de Cuentas, que evidencia multiples irregularidades. Solo en Castilla y León, UGT y Comisiones Obreras obtuvieron más de medio millón de € cada uno en 3 años mientras los empresarios dispusieron de 750.000 € para un total de 1,7 millones de subvenciones, sin dar opción a otras entidades, según Basilio Villacorta, delegado de CGT en la Función Pública. La asignación de fondos estaba encomendada a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, en cuyo patronato tenían mayoría las organizaciones empresariales y sindicales hasta 2015 y que, como 'juez y parte', se repartían de antemano las subvenciones, vulnerando los principios de gestión del dinero público, según el delegado de CGT, Miguel Álvarez. Las presuntas irregularidades irían desde un baremo de valoración que permitía el acceso a la financiación sólo a los patronos mayoritarios de la Fundación, hasta la falta de justificación de las acciones formativas, pasando por la subcontratación de cursos, la falta de seguimiento de los resultados o la ausencia de capacitación de quienes impartían la formación, poniendo en peligro la eficacia de la prevención de riesgos en las empresas. El líder estatal de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha desmentido en Burgos que haya existido amaño en la adjudicación de subvenciones para prevención de riesgos laborales y advierte a CGT que si acusa de malversación de fondos públicos, mejor que tenga pruebas y vaya a los tribunales. Aunque Unai Sordo reconoce desconocer el informe del Tribunal de Cuentas de septiembre de 2017 al que hace referencia CGT en su denuncia, el Secretario general confederal de Comisiones Obreras admite que puede haber discrepancias en las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que se 'sacan de quicio' sin que por eso haya nada fraudulento.