Arranca el juicio del ex alcalde, Luis Díaz Alperi, y de otros tres empresarios

Alicante

Este lunes a las 10 de la mañana arranca el juicio al ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi y a otros tres empresarios a los que se le imputan tres delitos de fraude fiscal y cohecho.

El juzgado número 6 de lo Penal ha reservado once sesiones de juicio. Mañana lunes las partes presentarán las cuestiones previas, el 21 y 22 de mayo declaran los acusados y peritos, del 23 al 30 de mayo será el turno para la declaración de 43 testigos y un perito y el 31 de mayo y 1 de junio las conclusiones.

El ex alcalde de Alicante está acusado de haber defraudado a la Hacienda Pública más de 680.000 euros durante los ejercicios 2007, 2008 y 2010 en concepto de cuotas de IRPF por un patrimonio de origen desconocido, así como un supuesto delito de cohecho impropio por el amarre gratuito de su embarcación en el puerto de Alicante.

La fiscalía le pide nueve años y nueve meses de cárcel como presunto autor de estos delitos. Junto a Díaz Alperi se sentarán en el banquillo los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno, a los que se le piden seis y tres años de prisión respectivamente y el responsable del Puerto deportivo alicantino, Javier Palacio, al que se le reclaman nueve meses de cárcel.

La denuncia fue presentada en 2013 e investigada por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV debido al aforamiento del político, por su condición de diputado en el grupo popular en Les Corts.

El TSJCV abrió juicio oral contra los cuatro acusados en febrero de 2014, pero Díaz Alperi renunció al acta en el Parlamento Autonómico ese mismo año, lo que motivó que la causa fuera derivada a Alicante.

El procedimiento recayó en el Juzgado de lo Penal 6 de Alicante en febrero de 2015, pero su titular, el magistrado Eugenio Alarcón, decidió al cabo de dos años y medio, intentar devolverlo al TSJ, que rechazó esa inhibición.

Este juez ha rechazado de forma previa la recusación formulada por Alperi contra los dos peritos de Hacienda que instruyeron su expediente porque considera que el hecho de que cobren como los demás inspectores un complemento de productividad por objetivo no compromete su imparcialidad.

Alperi también está a la espera de un juicio por supuesta corrupción, en el marco de una rama del caso Brugal relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, hechos por los que se enfrenta a penas que rondan los diez años de prisión.