Luz verde al plan de inspecciones contra la ocupación de caminos públicos

Medio Ambiente ha aprobado el plan 2018 y 2019 para defender y proteger de la usurpación del dominio público

vía pecuaria /

Medio Ambiente ha aprobado el plan de inspecciones en materia de vías pecuarias para los años 2018 y 2019. Es una buena noticia que según la Junta viene a responder a la demanda ciudadana que ha venido denunciando la usurpación de caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva. El objetivo es la defensa y la protección del dominio público, con el fin de garantizar el mantenimiento de la integridad superficial de la Red Andaluza de Vías Pecuarias.

Este plan permitirá comprobar la integridad del dominio público y se identificarán los abusos o ocupaciones ilegales.

Para la delegación territorial de medio ambiente es una noticia muy buena. José Antonio Cortés, el delegado, ha asegurado que no se consentirá que nadie ocupe un terreno público que es para el disfrute de toda la ciudadanía.

La delegación territorial tiene abiertos varios expedientes por el corte de caminos de forma ilegal. Se han levantado actas de la situación de las vías pecuarias en la Sierra (Cordel de las Huelvas, vereda de la dehesilla, cañada real) y en municipios como Niebla, Alonso y Puebla de Guzman. Los expedientes siguen abiertos y la Junta asegura que está actuando.

La Asociación 'Con los pies en la tierra', que ha organizado diversos actos de denuncia, habla de un paso adelante importante y espera que la junta cumpla con la ejecución de este plan.

Habrá dos niveles de actividad inspectora. Por un lado las inspecciones de reconocimiento y preventivas, cuyo objetivo es testar los recorridos y formular las denuncias que correspondan. Y por otro, las inspecciones derivadas de denuncias o detectadas de las situaciones de mayor gravedad.

Los Agentes de Medio Ambiente serán los encargados de realizar estas inspecciones.

En toda Andalucía existen 5.200 vías pecuarias, con más de 9.000 kilómetros deslindados. El gobierno andaluz está obligado por Ley a garantizar el uso público de las vías pecuarias, tanto para el tránsito ganadero como para otros usos compatibles. También es responsable de su adecuada conservación.

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