La defensa de la principal investigada afirma que su clienta "solo recogía información"

Palma de Mallorca

Al finalizar la comparecencia, el abogado de Cameron ha valorado positivamente el paso de su clienta por el juzgado. Ha subrayado que durante la época en la que supuestamente ocurrió parte del fraude, su defendida regentaba una discoteca. "La declaración ha ido bien a juicio de esta parte" ha señalado Biel Lladó, que ha manifestado que "no se han concretado los hechos".

El abogado ha insistido en que en la denuncia se habla de 2014 y 2013 cuando en esa época su defendida regentaba una discoteca "y no tenía nada que ver con eso". "Su actividad se circunscribe a ocho meses prácticamente. Desde verano de 2016 a la primavera de 2017, nada más" ha señalado, al tiempo que ha insistido en que su actividad se limitó a recoger información y número de teléfono que es una práctica "muy habitual en el Reino Unido".

Cameron y otras seis personas fueron detenidas en septiembre del año pasado acusadas de captar a turistas de Reino Unido en zonas turísticas de Mallorca para que reclamaran a los establecimientos alegando que habían sufrido intoxicaciones alimenticias durante su estancia vacacional. Las empresas de reclamaciones en Reino Unido supuestamente garantizaban hasta 18000 euros de indemnización y un 68% de éxito.

La Guardia Civil relata en un informe que ha sido incluido en el sumario de la causa que los captadores y los despachos de abogados aprovechaban la ligereza de la legislación británica para reclamar. Los elevados costes de los procesos judiciales y las pocas pruebas que los viajeros tenían que presentar para argumentar la intoxicación provocaban que los touroperadores desistieran de ir a juicio y terminaran pagando las indemnizaciones, que luego facturaban a los hoteleros.

La Guardia Civil cifró en unos 60 millones de euros el dinero supuestamente defraudado a través de esta práctica. Una de las cadenas hoteleras afectadas denunció que desde enero de 2016 hasta finales del verano del año siguiente recibió 273 reclamaciones con 700 personas solicitando indemnizaciones, con un coste estimado de cuatro millones y medio de euros.