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Fiscalía abre diligencias por la presunta compra de Belmonte

El fiscal tiene seis meses para decidir si lo archiva o si remite el caso a un juzgado de Instrucción

Nerea Belmonte, el día del pleno de investidura, que dio la alcaldía al popular Luis Barcala. / Cadena Ser

Alicante

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por el supuesto intento de compra del voto de la tránsfuga en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, para que apoyara a la candidata socialista a la alcaldía, Eva Montesinos.

El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha iniciado las diligencias para determinar si los hechos son constitutivos de delito, tras una denuncia sobre este asunto presentada la pasada semana por dos vecinos. Para ello, estudiará la denuncia y decidirá si procede ampliar la información que en ella se relata o encargar diligencias a la Policía.

El voto en blanco de Belmonte, expulsada en 2016 de Podemos y de la coalición Guanyar Alacant, recordamos, permitió al PP el pasado 19 de abril recuperar la alcaldía alicantina, como lista más votada en las últimas elecciones municipales, en detrimento del PSPV-PSOE.

Una semana más tarde, durante el primer pleno municipal dirigido por el nuevo alcalde, el popular Luis Barcala, la tránsfuga reveló que le habían ofrecido un sueldo de 3.500 euros y un puesto en las listas electorales, sin especificar qué grupo había hecho el ofrecimiento, pero sugiriendo que había sido un partido de la bancada de la izquierda.

La concejal no adscrita respondía así al portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien previamente había preguntado al nuevo alcalde popular en el pleno por el "beneficio" que le iba a reportar a Belmonte su voto en blanco.

La socialista Montesinos, portavoz en el ayuntamiento tras su investidura frustrada, ha negado que su partido realizara la oferta revelada por la tránsfuga en diversas ocasiones; la última este martes, cuando rechazó que su partido practique ese tipo de "tácticas mafiosas".

Ahora, estas diligencias abiertas por el fiscal Anticorrupción de la provincia pueden prolongarse un máximo de seis meses y deben concluir con un archivo o su remisión a un juzgado de Instrucción, si el caso reviste indicios de delito.

 
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