El PP pone en manos de la fiscalía las irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud

Santander

El Partido Popular pondrá en manos de la fiscalía las presuntas irregularidades cometidas en el Servicio Cántabro de Salud. Malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o fraude en el uso de la función pública son los delitos que la formación llevará a los tribunales.

Un cauce judicial que no está exento de las responsabilidades políticas. Y es que la presidenta del Partido ha vuelto a pedir la dimisión tanto de la consejera, Luisa Real, como de la cúpula directiva del Servicio. María José Sáenz de Buruaga, además, tacha de “insulto” la investigación abierta por sanidad. Un expediente cuyos resultados, insiste, son “previsibles”.

Dice el PP que ha sido el propio Gobierno el que les ha "empujado" a acudir a la Fiscalía porque no se han dado explicaciones ni se han depurado responsabilidades. Buruaga resalta que, pese a que ya hace quince días de que el PP trasladó al presidente la documentación sobre las presuntas irregularidades, no ha habido "reacción política" ni se ha realizado una investigación "en profundidad", a cargo de la Intervención General.

Para los populares, el expediente informativo anunciado por la Consejería sobre este tema "no es más que un montaje" y "un insulto a la inteligencia". "Todos conocemos de antemano cuál va a ser el resultado", apunta Buruaga, que advierte de que el PP va a llegar a las últimas consecuencias en este tema. Según la formación, hay indicios de presuntos delitos de malversación porque se adjudicaron contratos de asesoramiento externo "que no estaban justificados", porque "en realidad no había nada sobre lo que asesorar".

 Los populares también creen que pudo darse un uso fraudulento de la contratación menor para beneficiar sobre todo a tres empresas "que son la misma y que tienen como administrador al hijo de un alcalde socialista".

Además, se pudo cometer tráfico de influencias y malversación por doble contratación porque las obras que se encomendaron a esas empresas "ya estaban incluidas en el objeto y el precio" de contratos suscritos con antelación.

Los indicios de los que habla el PP apuntan además a una presunta falsedad documental y usurpación de funciones públicas por la recepción y el pago de obras sin terminar y de suministros no entregados. La presidenta del PP advierte de que su denuncia ante la Fiscalía no supone que su partido "abandone la vía política ni renuncie a una respuesta" en ese ámbito.

Y ha vuelto a exigir al presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), el cese inmediato de la consejera socialista de Sanidad, Luisa Real, del gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica del organismo, Javier González, porque, de lo contrario, estaría "uniendo su destino con el suyo".