La juez de Rota imputa a Lorenzo Sánchez y Antonio Peña por el caso "Parkings"

Aprecia supuestos delitos de malversación y prevaricación y pide la apertura de diligencias

El auto firmado por la juez del número uno de Rota /

El juzgado de Instrucción número uno de Rota ha imputado de supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación al exalcalde Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos) y al exconcejal de Urbanismo roteño y, posteriormente, alcalde de Chipiona, Antonio Peña (PP).

En un auto de seis páginas al que ha tenido acceso Radio Cádiz, la juez Raquel López-Vizcaino determina que ambos pueden ser responsables por la firma, por el procedimiento de urgencia, de un convenio urbanístico con la empresa “Promociones Castellano”, sin la tramitación del preceptivo expediente del área de patrimonio, e incumpliendo la legislación urbanística andaluza que prohibía de manera expresa el fin pretendido por el convenio, esto es, la permuta de suelos municipales a cambio de la construcción de obras.

En concreto, el acuerdo, firmado en 2006, fijaba la cesión a la empresa Promociones Castellano de 2.053 unidades de aprovechamiento urbanístico. A cambio la constructora se comprometía al derribo de un edificio y la posterior construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona de “La Merced”. Además, el Ayuntamiento abonó 587.000 € al constructor.

A pesar de las advertencias del secretario municipal y las comunicaciones de la Junta, la junta local de Gobierno aprobó el convenio por unanimidad y facultó al alcalde a “la realización de las actuaciones necesarias” para su desarrollo.

Posteriormente, el Ayuntamiento contrató como aparejador de la obra a José Castellano “prescindiendo del procedimiento establecido en la legislación de contratación pública”.

Finalmente, el auto detalla que Construcciones Castellano “comenzó la ejecución de las obras sin licencia municipal, ni acta de replanteo, ni calificación ambiental, ni partida presupuestaria prevista para el abono de dichas obras”.

Los hechos descritos, concluye la jueza, “pueden ser constitutivos de varios delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos”, por lo que ordena la apertura de diligencias previas y da traslado a la Fiscalía de Cádiz.

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