La demolición de viviendas ilegales en rústico se duplica en un año

PALMA

Las demoliciones de edificaciones sin licencia en suelo rústico se han más que duplicado en el último año. Es el avance que efectúan desde la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, en espera de cerrar el balance definitivo de intervenciones durante 2017. En lo que llevamos de 2018 se han aprobado ya 16 órdenes nuevas y se han ejecutado al menos otra decena de ellas.

Un total de 22 municipios ya han cedido sus competencias en control de la edificación en rústico a este órgano del Consell de Mallorca. Otros dos lo harán en breve, y además en el Consejo de Administración de abril se aprobaron sanciones que superan los 380 mil euros por construir sin licencia. Solo en 2017 el importe total de las multas impuestas se triplicó en comparación con el año anterior y casi alcanzó el millón de euros, un dinero que se reinvierte a través de los ayuntamientos en políticas municipales.

Las sanciones, 163 el año pasado, están teniendo un efecto persuasivo, en el sentido de que en todos los casos se consigue que sea el propio promotor de la obra ilegal quien se ocupe de demolerla. En solo unos 5 casos la agencia ha tenido que acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente. Se impone una primera multa por un 10% del valor de la obra, y si el responsable no restituye el estado original del terreno, se le puede sancionar hasta once veces más. Normalmente no se pasa de la primera.

A pesar de estas medidas coercitivas, el director de la Agencia de Defensa del Territorio, Tomeu Tugores, asegura que se siguen cometiendo muchísimas infracciones urbanísticas en suelo rústico, porque el beneficio económico que sugieren hace que la gente asuma el riesgo.

Queda pendiente, por lo tanto, consolidar esta labor que la ADT ha realizado durante los últimos años para que la gente vea las consecuencias que conlleva edificar obras ilegales.

La ley de Urbanismo, al decretar la no prescripción de estas infracciones, puede contribuir a reducir estas irregularidades. Tugores confía en que tenga un efecto disuasorio y que haya muchos "que se lo piensen dos veces antes de cometer una ilegalidad urbanística".

La mayoría de las demoliciones que se están ejecutando en estos momentos estaban pendientes desde hace una década. A principios de esta legislatura, había un millar de expedientes acumulados.

Además, partir de julio la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca retomará el trámite de un centenar de expedientes -106 en concreto- de petición de legalización de edificaciones en suelo rústico. Si los ayuntamientos no responden, estas peticiones podrían cursar con nuevas órdenes de demolición.