Joaquín Peñalver asegura que no emitió informes sobre el convenio de Nueva Condomina

En la segunda sesión del juicio por el caso Nueva Condomina, en el que se investiga un caso de presunta corrupción urbanística en Murcia han declarado este martes el exjefe de planeamiento, Joaquín Peñalver, y el exgestor deportivo del Real Murcia y exsocio de Samper, Joaquín Romeu.

Las comparecencias han comenzado con el exjefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia Joaquín Peñalver, cuya imputación ha quedado desvanecida después de que al comienzo del juicio el fiscal anticorrupción señalara que los hechos que le atribuía habían prescrito.

Peñalver ha declarado que no emitió informes sobre el convenio de Nueva Condomina que fue aprobado por el ayuntamiento en 2001 y que está en el punto de mira de las acusaciones por los presuntos perjuicios que de él se derivaron para las arcas municipales.

En cuanto a los informes que según el fiscal serían constitutivos de un delito de prevaricación, ha explicado que se limitaban a desarrollar lo que se recogía en el convenio urbanístico aprobado, sin que su servicio interviniera en la fijación del valor de los terrenos.

También ha dicho que jamás recibió indicación alguna ni de Cámara ni de ningún superior sobre la forma en la que debía manifestarse sobre las cuestiones en las que participaba por su cargo.

Por su parte, Joaquín Romeu, exsocio de Samper, ha dicho que no hablaron con el principal acusado, el exalcalde Miguel Ángel Cámara, de aprovechamientos urbanísticos ni de edificabilidad.

Romeu ha declarado como testigo que las reuniones con Cámara fueron "institucionales", para hablarles del proyecto que tenía como principal objetivo la construcción de un nuevo estadio para el Real Murcia, pero no de los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos que tenían que adquirir para ello.

Ha explicado que el protocolo firmado en 1999 por el exalcalde y Samper, ya fallecido, era solo una carta de intenciones, sin poder ejecutivo.

"Nosotros éramos los más interesados en que su contenido no comprometiera a ninguna de las partes, ya que si el club de fútbol Real Murcia bajaba de categoría, nuestros proyectos se venían abajo, ya que habrían resultado inviables", ha comentado.

Siempre hubo máxima transparencia en torno a esos proyectos, que fueron puestos en conocimiento de los distintos grupos políticos con representación municipal y solo uno o dos días antes de darlos a conocer a la sociedad se informó a Cámara por deferencia a su cargo.

"No veníamos a Murcia a sacarle dinero al ayuntamiento, sino que llegamos con la intención de dotar a la ciudad de unas instalaciones deportivas adecuadas a su posición como novena ciudad española".

Ha declarado que siempre tuvieron claro que actuarían dentro de la legalidad, ya que "el prestigio" de sus empresas "no podría ponerse en juego por cualquier otra actuación distinta".

Ha revelado que desde el primer momento el consistorio no quiso aportar dinero para el nuevo estadio en la expansión norte de la ciudad, que suponía sacar del casco urbano las viejas instalaciones, que no cumplían los requisitos exigidos por las instancias deportivas para militar en categorías superiores.

Ha añadido que no estuvieron conformes con el aval que les exigió el ayuntamiento para responder de la construcción del nuevo estadio por su rigurosidad y exigencias, pero que lo entregaron porque comprendieron que se trataba de algo que era preciso cumplir.

La vista oral, que se desarrolla en un juzgado de lo penal de Murcia, continuará mañana con la declaración de nuevos testigos.