El caso Ecomasa Nestor Martin, a la Fiscalía

Santander

La comisión de investigación de Ecomasa en el Parlamento de Cantabria ha decidido elevar su dictamen a la Fiscalía con las conclusiones aprobadas de PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos y el voto particular del PP, que ha acusado al resto de partidos de buscar ese "titular".

Las conclusiones aprobadas, con el apoyo de todos los partidos salvo de los populares, apuntan como responsable político del proyecto de Ecomasa al expresidente regional Ignacio Diego (PP), aunque señalan sobre todo la responsabilidad del ex director gerente del Instituto Cántabro de Finanzas (Icaf), Jorge de Cos.

También abundan en la falta de controles por parte de las empresas públicas encargadas de ese proyecto -Icaf, primero, y Sodercan, después- y denuncian el desvío de fondos públicos por parte de sus promotores, los empresarios Andrés de León y Jesús Lavín.

El dictámen, que se debatirá en el pleno de la Cámara regional del próximo 28 de mayo para su previsible aprobación, incluirá también el voto particular de Podemos para pedir que se reintegren a los trabajadores de Teka los 3,2 millones de su indemnización aportada a Ecomosa, que solo ha tenido el apoyo del PP.

El resto de partidos han preferido esperar a que sean los tribunales los que se pronuncien, mientras que el diputado de Podemos José Ramón Blanco ha opinado que "si no se reconoce" a esos trabajadores que se integraron en Ecomasa como las "víctimas" la comisión de investigación "no habrá servido para nada".

En la última sesión de esta comisión de investigación, que ha durado casi dos años y por la que han pasado 43 comparecientes, PSOE, Podemos y Ciudadanos han mantenido sus conclusiones iniciales, que han recibido el apoyo del resto de partidos, salvo del PP.

El portavoz popular ha recalcado que su grupo mantiene sus conclusiones, al tiempo que ha acusado al resto de partidos de pretender "suplantar" a la Fiscalía que ya está investigando posibles delitos en la gestión de este proyecto, al que se destinaron 18 millones de euros de dinero público.

Y ha defendido que ninguno de los comparecientes ha realizado "ni una sola acusación de irregularidad, excepcionalidad o ilegalidad" por parte del anterior Gobierno del PP en la gestión de este proyecto, "si no todo lo contrario", por lo que considera "acreditada la corrección del procedimiento".

Con la decisión adoptada en comisión, que deberá ser ratificada por el pleno, la mayoría de los grupos quiere que el fiscal investigue la gestión del ex presidente y del ex máximo responsable del ICAF, después de que el mismo fiscal haya visto ya indicios de delito societario en la actuación de los máximos responsables de la fábrica de estufas, Jesús Lavín y Andrés de León.

De hecho, el pasado lunes, día 14 de mayo, se conocía que la fiscalía ve indicios de posibles delitos de administración desleal societaria e insolvencia punible.