Los animalistas piden el cierre del coto de caza de Benissa

Benissa

La Asamblea Animalista de Benissa pide el cierre del coto de caza de la localidad. Esta asociación considera que los efectos del envenenamiento de animales en distintas partidas rurales del municipio y que están siendo investigados por la Guardia Civil, son muy graves. Desde este colectivo reiteran, que la situación investigada por el SEPRONA ha provocado el asesinato de 20 perros, varios tejones, una gineta, zorros, y un gato salvaje, y el envenenamiento de otros 27 animales, todo esto sin olvidar la intoxicación de otros 12 perros en 2017, y otros tantos el 2012.

Desde la Asamblea Animalista de Benissa, remarcan que este envenenamiento masivo ha afectado a especies catalogadas como fauna protegida, como el tejón.

Con todo, recuerdan que la ley valenciana especifica que el uso de cebos envenenados supone una infracción muy grave, así como la obligación de los adjudicatarios de la zona de caza, la Sociedad de Cazadores, a comunicar a Conselleria la presencia de los cebos envenenados o animales afectados por estos. Una infracción a la que aplicar como agravante la intencionalidad, reincidencia, la situación de riesgo creada para las personas y sus bienes y el daño efectivamente causado a los recursos cinegéticos o los hábitats. Es por eso, como apunta desde este colectivo, Àngel Ibanyes, al tratarse de una infracción muy grave, se debería clausurar, suspender o anular de forma inmediata la actividad cinegética en la zona.

Desde la Asociación Animalista instan además al ayuntamiento para que inicie el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental a los propietarios o titulares del aprovechamiento cinegético, que en este caso sería la Sociedad de Cazadores. Y recuerdan que conforme la ley y el Código Civil, la responsabilidad de estos hechos recaerá en estos a no ser que consigan demostrar que hicieron lo posible para evitar el daño y que este no se repita.

Por otra parte el colectivo apoya la intención del consistorio de presentarse como acusación particular contra los autores de los envenenamientos. Consideran que es positivo que el ayuntamiento exija que se cumpla la ley, pero demandan que se aplique con todas sus consecuencias.