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El GOB acusa a Sa Nostra y PSIB de compartir "un entramado de intereses" para impulsar la urbanización de Son Bordoy

Los ecologistas exigen la paralización del proyecto de construcción en El Molinar

GOB

PALMA

El grupo ecologista GOB exige la paralización del proyecto de construcción de viviendas en Son Bordoy, en Palma, y reclama al PSIB que explique su papel en este "entramado", que así lo califican. Admiten que "hay conexiones" entre la extinta caja de ahorros 'Sa Nostra' y el partido socialista en las Islas.

Según el presidente del GOB, Amadeu Corbera, el principal promotor urbanístico traspasó los terrenos pocos meses antes de la aprobación de la llamada Ley Carbonero a una sociedad pantalla de Martí Gual, un empresario que había tenido buenos tratos con el Ayuntamiento de Calvià de la socialista Margarita Nájera, y que figura en la Lista Falciani, un documento que contiene potenciales evasores fiscales.

Según el GOB, todo hace pensar que Gual sabía que Son Bordoy ganaría el concurso para las reservas estratégicas de suelo, así que el negocio era seguro, afirman los ecologistas, y la operación contó con la colaboración de 'Sa Nostra', que no solo lo financió, sino que formaba parte del entramado de sociedades que conforman el grupo.

Los ecologistas consideran que autorizar la urbanización de Son Bordoy sería dar "carta blanca a la impunidad corrupta y urbanística". 

Corbera explica que la sociedad es una de las investigadas en la Audiencia Nacional por el presunto desvío de 12 millones de euros a paraísos fiscales, en el marco de la investigación por la desaparición de 'Sa Nostra'.

Según ecologistas, la investigación sobre 'Sa Nostra' de hecho, se centra en la operación de Son Bordoy y la relación entre Martí Gual y la entidad, y están imputados 21 consejeros de la entidad, entre ellos el diputado autonómico del PSIB, Andreu Alcover. 

El GOB advierte de que con este proyecto un posible evasor fiscal podría obtener una grandiosa plusvalía destruyendo unos terrenos de un "altísimo valor inmobiliario" situados en el Molinar y culminar "una operación sospechosa y oscura", afirman.

El GOB ha recogido estas "conexiones" en un documento de diez páginas.

 
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