El viernes arranca el juicio contra los repobladores de Fraguas

Guadalajara

El viernes comenzará en el Juzgado número 4 de Guadalajara el juicio contra 6 personas que en 2013 decidieron ocupar un pueblo abandonado de la provincia de Guadalajara, Fraguas, para desarrollar allí un proyecto comunitario. Ahora se enfrenta a una petición de prisión de 4 años y 4 meses para cada uno y unas indemnizaciones que llegan a unos 10.000 euros cada uno de ellos.

Fraguas desapareció oficialmente como pueblo en 1968. Fue expropiado para convertirse en un lugar de repoblación de pinos y pasó a ser monte de titularidad pública. Actualmente es propiedad de la Junta de Comunidades y se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra Norte.

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En 2013, este grupo de personas decidió llevar a cabo allí un proyecto social rehabilitando algunas viviendas y terrenos cercanos. La acción fue considera como ilegal por parte de la Junta, que inició un procedimiento que ha desembocado en este proceso judicial.

La administración regional les acusa, concretamente, de 3 delitos: usurpación, contra la ordenación del territorio y delito de daños. La Fiscalía rebaja esa petición eliminando en su escrito el delito de daños.

Desproporcionado

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Isaac Alcázar, uno de los encausados, ha señalado en SER Guadalajara que la petición de penas es completamente desproporcionada. Reconoce que en todo momento sabían que estaban realizando una acción "al límite de la legalidad", pero cree exagerada una petición de cárcel. "Nunca pensamos que esto constituyera un delito. Esperábamos, como mucho, sanciones administrativas, pero nunca que fuera un delito y, mucho menos, que nos pudiera llevar a la cárcel".

Considera "incongruente" que se gasten millones de euros en medidas que no están sirviendo para frenar la despoblación y que se trate de castigar proyectos cómo este. Por ese motivo, piden a la Junta que retire la acusación. "Les pedimos que retiren la denuncia y, entonces, se podría iniciar un proceso de diálogo. En el Parque Natural de la Sierra Norte existen otras iniciativas como la Vereda de la Sierra, Matallana, Umbralejo. Opciones hay, pero a nosotros nos la niegan. Se puede negociar, pero no con una espada de Damocles sobre la cabeza. La Junta no quiere diálogo, quiere cárcel".

En la plataforma Change.org tienen activa una recogida de firmas pidiendo la retirada de la denuncia.

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Sería prevaricar

El diputado de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha exigido hoy al Ejecutivo regional que retire la denuncia contra estas personas. "Podemos (partido que forma parte del Gobierno regional) no puede ser cómplice silencioso de esta represión", ha señalado. "Yo no pienso callarme ni permanecer impasible ante este atropello".

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A esa petición se ha referido en SER Guadalajara el delegado de la Junta en la provincia. Alberto Rojo asegura que comparte el concepto que defienden estos repobladores, pero señala que no pueden retirar la denuncia porque eso sería prevaricar. "Ellos mismos reconocen que actuaban sabiendo que incumplían la legalidad y, aún así, siguieron adelante. Esto no es un capricho del Gobierno regional. Hay informes del SEPRONA, de los agentes forestales, de los técnicos de Medio Ambiente, y mirar para otro lado sería prevaricar, algo que este gobierno no va a hacer".

Rojo insta a estas personas "a volver a la legalidad" y les anima a emprender un proyecto similar en cualquierda de los numerosos municipios de la provincia donde existen pocos habitantes pero que sí presentan una situación normalizada.