El ayuntamiento retoma la batalla por el caso PROINCOVE

Aranda de Duero

El ayuntamiento acaba de encontrar un resquicio para rebajar en más de 100.000 euros la cantidad que tendrá que pagar por el denominado “Caso Proincove”. Es la cantidad en la que, en opinión de los letrados que tienen encomendada la asistencia jurídica municipal, podrían rebajarse los intereses que tiene que abonar el ayuntamiento por el tiempo transcurrido desde que se ocuparon de forma irregular los terrenos de ribera hasta el momento de emitirse la sentencia.

Pese a que la discrepancia en el cálculo de esta cantidad se detectó hace unos meses no será hasta ahora cuando el ayuntamiento pueda reclamarla, dado que previamente ha sido necesario que el propio Tribunal Superior de Justicia reconociera que el ayuntamiento no ha tenido oportunidad de aportar su criterio en el proceso y por tanto su defensa se ha visto menoscabada.

Se da la circunstancia de que las notificaciones al respecto de plazos y cantidades fueron remitidas al anterior Letrado Mayor, quedando acreditado que ninguna de ellas fue abierta dada la situación de baja laboral en la que se encontraba desde el pasado mes de septiembre. Paralelamente y pese a que los abogados que asumieron la asistencia jurídica del ayuntamiento se acreditaron como tales, no recibieron las mencionadas notificaciones, por lo que nadie se opuso ni alegó en nombre del ayuntamiento y en los plazos previstos a la cuantificación en 2.123.076,20 euros en la que se fijó la liquidación de los intereses. Fue a raíz de una comunicación posterior cuando los nuevos letrados se percataron de esta circunstancia, apelando ante el TSJ las actuaciones que se siguieron desde aquel momento. Un auto emitido esta misma semana por la Sala de lo contencioso Administrativo del mencionado tribunal reconoce el derecho del ayuntamiento de Aranda a participar en esta diligencia por lo que anula parcialmente las actuaciones para que el proceso se retrotaiga al punto en el que han de fijarse los intereses, de modo que, esta vez sí, el ayuntamiento pueda aportar su criterio, que no es otro que rebajar en unos 120.000 euros la cantidad mencionada.