“O me pagas o te echo de alcalde”

Olmedillo de Roa

El Ayuntamiento de Olmedillo de Roa podría seguir dando que hablar en el plano judicial. El socialista José Manuel Ozores, que fue alcalde de esta localidad y hoy es el único concejal de la oposición, le ha dado un plazo de quince días al actual regidor y al primer teniente de alcalde para que dimitan, bajo la amenaza de denunciar ante la Fiscalía nuevos abusos de su condición de autoridad para beneficiarse de tierras que no son suyas.

La polémica se remonta a otra denuncia que acaba de fructificar en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha declarado nulo el acuerdo que adoptó el pleno en septiembre de 2013 para adjudicar de forma directa el aprovechamiento agrícola de varias parcelas municipales. Estos terrenos, que suman 134 hectáreas, que están catalogadas como Monte de Utilidad Pública se dejaron en manos, por un periodo de 5 años al precio de 100 euros por hectárea, a ocho agricultores y un ganadero, entre ellos el actual alcalde, Miguel Ángel Muñoz. Hay también otro concejal, un hermano suyo y un cuñado de la hasta hace poco alcaldesa. Ozores lo denunció ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Lo cierto es que la fórmula de adjudicación directa a los vecinos del pueblo se hizo de forma consuetudinaria a partir de principios del siglo XX, cuando se roturó el monte para paliar la hambruna que había en el municipio. En solo dos ocasiones se ha adjudicado por subasta. La primera en la década de los 70 del siglo pasado tras el éxodo de gran parte de los vecinos de Olmedillo a la ciudad en la década anterior y la segunda en el mandato del propio Ozores, en la que el adjudicatario abonó 132 por hectárea. El ex regidor municipal considera que con la medida de su sucesor se evitaba el régimen de concurrencia que debería aplicarse en estos casos para que cualquier ciudadano pueda optar a explotar estas parcelas.

Aunque su demanda fue desestimada, es ahora el TSJ el que estima parcialmente esta demanda y deja sin efecto estas adjudicaciones directas. Aunque ya han transcurrido más de cuatro de los cinco años de contrato, dice el concejal socialista que cualquier persona censada en Olmedillo de Roa puede denunciar al Ayuntamiento por un lucro cesante que calcula en 32.000 euros.

8 meses después de que el ex alcalde de Olmedillo presentara esa demanda, el popular Miguel Ángel Muñoz contraatacó acusándole ante la Fiscalía de varios delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, por los que se pedía su inhabilitación y una pena de 4 años de cárcel. Aunque fue absuelto, a día de hoy sigue reclamando al Ayuntamiento que asuma las costas judiciales que la sentencia no impone a ninguna de las partes.

Pero la historia no acaba aquí. Dice Ozores que el propio Muñoz y otros vecinos, entre ellos varios ediles, están labrando gratis tierras que son del Ayuntamiento y cobrando por ellas subvenciones de la PAC. Por eso, el edil socialista reclama al Consistorio que le compense los 9.800 euros que le costó defenderse de estas acusaciones y les da un plazo de 15 días a los dos principales responsables para que dimitan, asegurando que denunciará estas irregularidades ante la Fiscalía.