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Tribunales

El miércoles juicio contra el exalcalde del PP de Iznatoraf, Pedro González

Solicitan 12 años de inhabilitación como presunto autor de delito de prevaricación administrativa por la gestión de la piscina

Piscina de Iznatoraf /

Este miércoles se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Jaén, Pedro González Magaña, exalcalde del Partido Popular de Iznatoraf, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Pedro González dirigiendose al público en un acto durante su etapa como alcalde de Iznatoraf, en la actualidad ha regresado a la poítica activa, al acceder al puesto de concejal, pero sin delegaciones ni competencias, pues no existe comunicación con el resto de compañeros del grupo popular, que sin forman equipo de gobierno. / .

El exalcalde de Iznatoraf Pedro González Magaña deberá sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Jaén para ser juzgado como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa por el que el Ministerio Fiscal le reclama doce años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, los hechos se remontan al 22 de mayo de 2015 cuando el acusado, en su condición de alcalde "sin haberse sometido a debate ni haberse acordado en pleno u órgano corporativo municipal alguno, a sabiendas y con omisión de las más elementales formalidades y cauce procedimental administrativo previsto para el caso", optó por condonar una deuda a la concesionaria de la piscina municipal.

En concreto, según se recoge desde Fiscalía, le perdonó la cantidad completa que adeudaba la concesionaria al Ayuntamiento en concepto tanto de canon anual --fijado en 8.000 euros anuales-- como de consumo energético que la concesionaria habría generado por el uso continuado de la explotación concedida desde su inicio en 2007 y hasta 2015.

Piscinas de Iznatoraf / RADIO VILLACARRILLO

La compensación la llevó a cabo a cargo de unas obras que supuestamente había llevado a cabo la concesionaria en la piscina y que "habían sido indebidamente autorizadas por el acusado".

El Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, por el que se piden 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Días después de que el alcalde otorgara la compensación de la deuda, se celebraron elecciones municipales a las que ya González Magaña no se presentó tras doce años en el cargo, pasando el testigo a la actual alcaldesa, Antonia de la Paz, también del PP.

El nuevo equipo de Gobierno, detectó posibles irregularidades en muchos aspectos de la gestión que se había estado realizando, por lo que puso en conocimiento de la fiscalía todos los indicios y documentación.

También el Psoe, en la oposición, venía denunciando posibles irregularidades en la gestión de González al frente del ayuntamiento.

 

 

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