El Gobierno central inicia los trámites para traspasar dos líneas de ferrocarril
Bilbao
El Gobierno central ha iniciado los trámites para traspasar a Euskadi la gestión de dos líneas ferroviarias que el Tribunal Constitucional dictaminó que son competencia vasca: Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barakaldo, traspaso que no cumple con las expectativas del Ejecutivo vasco.
Así lo ha anunciado este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno Vasco su portavoz, Josu Erkoreka, quien ha explicado que la pasada semana el Ejecutivo de Vitoria recibió una comunicación del gabinete de Mariano Rajoy anunciando esta decisión.
La comunicación llegó el 23 de mayo, el mismo día en el que el Congreso aprobó los presupuestos de este año con el voto favorable del PNV, y en ella el Gobierno central informa de que retirará ambas líneas del catálogo de interés general de Adif y comenzará los trámites para convocar la Comisión Mixta de Transferencias para hacer efectivo el traspaso.
Una vez retiradas del catálogo se abrirá un periodo de gestión compartida hasta que se materialice la transferencia.
"Ese escrito lleva registro de salida el 23 de mayo a las 18.23 horas de la tarde. Si se quiere asociar esa fecha con algún otro acontecimiento político que estaba teniendo lugar en ese mismo día en el panorama político español se puede hacer con libertad", ha indicado el portavoz.
Ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional data de junio de 2016 y que la comunicación al Gobierno Vasco no se produce hasta dos años después, coincidiendo con la aprobación de las cuentas públicas de 2018.
En este sentido, Erkoreka ha hecho hincapié en que el Ejecutivo autonómico reclama la transferencia de once líneas ferroviarias y no solo de estas dos y ha vuelto a exigir al Gobierno de Mariano Rajoy "un plan y un calendario de trabajo para completar el Estatuto".
"Se trata de un reclamación histórica incluida también en nuestro programa de gobierno", ha insistido Erkoreka, quien ha reiterado que el cumplimiento del Estatuto "es un derecho y un mandato de la ciudadanía vasca que el Gobierno español incumple" y que "no debe estar sujeto a otros acuerdos o variables".
El pasado mes de abril el Ejecutivo de Mariano Rajoy trasmitió al de Iñigo Urkullu la decisión de traspasar ambas líneas en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional.
En aquel momento coincidió con el periodo de finalización para la presentación de enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario de este año.
La llamada de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se produjo después de que el Ejecutivo conociera que el Gobierno Vasco iba a aprobar un requerimiento a Madrid para hacer efectivo el traspaso de esas dos líneas con la advertencia de que acudiría a los tribunales si en el plazo de dos meses no se convocaba la Comisión Mixta para hacerlo efectivo.
Días antes, Urkullu remitió a Rajoy una comunicación escrita con el acuerdo adoptado por el Parlamento Vasco para reclamar al Gobierno central en un plazo de seis meses un plan y calendario de trabajo para el traspaso de las 37 competencias pendientes
