La Consejería de Educación expulsa del cuerpo de funcionarios al profesor condenado por acosar sexualmente a alumnos a través de internet
Aranda de Duero
Ni podrá ejercer como maestro porque el tribunal le ha condenado a diez años de inhabilitación por acoso sexual a dos alumnos a través de internet, ni podrá hacerlo más adelante porque la Consejería de Educación ha decidido expulsarle del cuerpo de funcionarios de carrera.
Con esta decisión la administración educativa cumple la sentencia aludida y hace frente a la alarma social que suscitaba en Aranda la detención en el año 2015 del profesor de un colegio público por un presunto delito de acoso y abuso sexual a menores por internet, por el que finalmente era condenado en febrero de este año 2018.
Las investigaciones policiales demostraron que los hechos eran claramente un caso de grooming contra niños, al afectar a alumnos de menos de 14 años. Esta práctica delictiva consiste en un conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de un menor a través de Internet con el último fin de obtener concesiones de índole sexual. El autor usa primero un acercamiento lleno de engaños y posteriormente, comienza el chantaje para obtener imágenes comprometidas de la víctima, menor de edad. En casos extremos, los autores pretenden un encuentro en persona para lo que coaccionan y acosan a los menores para lograr su propósito.
En el caso que vivieron los menores arandinos su profesor había creado varios perfiles falsos en las redes sociales, haciéndose pasar por niñas de la misma edad que las víctimas, a quienes comenzó a exigirles fotos de contenido sexual, tras haberse ganado su confianza, chantajeándoles con la difusión de las que anteriormente había conseguido.
El pasado mes de febrero la Audiencia Provincial de Burgos dictaba una sentencia de conformidad, después de que el acusado hubiera pedido perdón y tratado de cumplir con el resarcimiento a las víctimas, lo que no le ha librado de una condena a siete años y medio de prisión, orden de alejamiento y diez años de inhabilitación para desempeñar trabajos u otras actividades en relación con menores.
En ejecución de sentencia y a propuesta de la Conserjería de Educación de Castilla y León, se ha declarado la pérdida de condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros del condenado.