Ochenta mil millones de euros en infraestructuras “innecesarias”

Alicante

El Estado y las Comunidades Autónomas despilfarraron entre 1995 y 2016 ochenta mil millones de euros de dinero público en infraestructuras "innecesarias", además de equipamientos y obras no debieron hacerse, según denuncia un estudio presentado por la Asociación de Geógrafos Españoles y el Colegio de Geógrafos en Alicante.

Un despilfarro que califican de "indignante e impropio de un país democrático" y en el que piden más "prudencia" a las administraciones a la hora de planificar el crecimiento urbano.

Este documento, en el que han colaborado nueve universidades de nuestro país, expone la necesidad de preparar los territorios para adaptarlos al cambio climático, entre otras cuestiones.

Jorge Olcina, presidente de la asociación estatal, ha sido el encargado de presentar este informe: "En Defensa del territorio ante los nuevos retos del cambio climático".

Olcina ha señalado que se trata de actuaciones "que no se debieron haber hecho" porque han carecido de uso, como carreteras de titularidad estatal o autonómica, aeropuertos, estaciones de tren, desalinizadoras o centros culturales, y que, además, han sufrido cuantiosos sobrecostes.

Ampliar

Declara además que "existe una preocupación por los efectos que dieron lugar a la crisis económica en el ámbito urbanístico y de ordenación del territorio".

El presidente de los geógrafos pone el foco en la Ley del Suelo, aprobada en el año 2008 y derogada en 2015, así como en la Ley de Costas de 2013 -que permite la ampliación de concesiones urbanísticas por "75 años en un contexto de cambio climático", y en la Ley de Montes, también de 2015, que refleja la posibilidad de recalificar un terreno incendiado.

Recuerda Olcina que actualmente, el país sigue sin contar con una Ley Estatal de Adaptación al Cambio Climático, sin Estrategia Nacional de Agua y sin Plan Energético Nacional.

En ese aspecto, insta también a las administraciones a retomar actuaciones como los procesos de ordenaciones territoriales de escala regional y, especialmente, subregional. "El modelo existente pone en peligro la sostenibilidad territorial y ambiental", ha sentenciado.