Se disparan las suspensiones de Rentas Mínimas de Inserción en la Comunidad
La RMI es una ayuda destinada a familias vulnerables que han agotado todas las prestaciones. En el último año la consejería de Políticas Sociales ha suspendido 3.500 de forma cautelar y sin previo aviso a los receptores
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FRAVM
Desde 2014 no ha cambiado la normativa referida a la Renta Mínima de Inserción (RMI) sin embargo, en la Comunidad de Madrid, denuncia la plataforma 'RMI tu derecho' está reinterpretando la ley de forma muy restrictiva y arbitraria, no solo a la hora de suspender cautelarmente las ayudas, también a la hora de concederlas. De hecho, en los cuatro primeros meses de 2018 sólo se han resuelto de forma positiva una de cada cuatro solicitadas, la mitad que hace dos años. La Plataforma "RMI ha denunciado lo que está ocurriendo en el Defensor del Pueblo.
Aseguran que se están suspendiendo de forma cautelar miles de ayudas destinadas a familias vulnerables (3.500 el último año) porque la administración sospecha que los usuarios han incumplido alguna de las condiciones y son ellos los que tienen que probar su inocencia. Antes, si ante el más mínimo indicio de cambio, la consejería se ponía en contacto con el beneficiario y le reclamaba la documentación necesaria. Ahora le llega al domicilio la carta de suspensión cautelar.
Según Luis Sáenz, portavoz de la plataforma "desmontar sus creativos indicios no es fácil, porque no los detallan en la notificación que envían a los usuarios. Además cuando éstos van, con su carta de suspensión, a consultar a la asistenta social de su ayuntamiento se encuentran con que tampoco a ellas las atienden ya telefónicamente en la consejería". Si pasan tres meses de suspensión cautelar y no has probado tu inocencia, te quitan la RMI.
Con la suspensión cautelar de la RMI se suspenden también los derechos adquiridos con ella, como el comedor escolar de los niños o la imposibilidad de que corten los suministros de la vivienda.
Respecto al incremento de las denegaciones de la RMI, dice Luis Sáenz, "que no se debe a que las familias solicitantes dispongan de más ingresos y patrimonio, de hecho esa causa de denegación está perdiendo peso: en 2017 el 62% de las denegaciones fueron por tener algún tipo de ingreso, un dato que llegaba casi al 80% en 2015.
