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Pacheco, Pelayo y Pilar Sánchez: Unidos por Huertos de Ocio; ni una palabra entre ellos

Las dos exalcaldesas han declarado como testigo en el juicio contra el exregidor. La socialista dice no recordar el caso y la popular ha declarado que el desalojo “no levantó suspicacias” porque se aprobó “con los informes jurídicos correspondientes”

Ha sido la imagen del día. Pedro Pacheco, Pilar Sánchez y María José García Pelayo han coincidido en el juicio contra el exalcalde de Jerez por el caso Huertos de Ocio. Ni una palabra entre ellos durante todos los minutos que han tenido que esperar antes de entrar en la sala en la que se juzga el desalojo de unos parcelistas hace 14 años.

En la misma habitación, separados por solo unos metros, cada cual ha aguardado, sin cruzar palabra, a ser llamado por la secretaria judicial. Si malas fueron las relaciones cuando gobernaban la ciudad, malas siguen siendo esas relaciones a pesar de los años, de la celebración de varios juicios y del paso por la cárcel de dos de ellos, por denuncias que se han ido interponiendo entre los tres, unos contra otros.

Ya en el interior de la Audiencia, Pilar Sánchez, en el momento de los hechos concejal de la oposición, ha declarado que no recuerda el caso porque ni tuvo conocimiento de la permuta ni participó personalmente en ese tema.

Pelayo, por su parte, exalcaldesa de la ciudad en 2003 y 2004, ha afirmado ante el juez, que Pacheco, delegado de Urbanismo, nunca le informó de la permuta del terreno. Ha añadido que el desalojo “no levantó suspicacias” porque se aprobó “con los informes jurídicos correspondientes”. “No fue un procedimiento que llamara la atención”, ha añadido. Cabe recordar que todos los partidos políticos, excepto Izquierda Unida, apoyaron la operación urbanística.

Para el abogado de los parcelistas, Francisco Pérez, la declaración de los testigos evidencia que Pacheco era “el que mandaba en Urbanismo” y “ocultó la permuta” valiéndose de “informes falseados”.

El abogado de Pacheco, Manuel Hortas, subraya que todos los informes técnicos “acreditaban la legalidad” de una operación “de interés para la ciudad”.

 

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