Trece de los 33 concejales del Ayuntamiento están siendo investigados judicialmente por distintas razones

El Govern de la Nau siempre ha dicho que las investigaciones judiciales que les afectan nada tienen que ver con las acusaciones de corrupción que salpican al PP

Momento en el que se votaron las conclusiones de la comisión de investigación de Taula el pasado año en el pleno municipal /

Trece de los 33 concejales del Ayuntamiento están siendo investigados por la justicia por distintas razones, lo que anteriormente se conocía como imputaciones judiciales.

Nueve de los diez concejales que forman parte del grupo popular están siendo investigados desde 2016 por un presunto blanqueo de dinero en el marco del caso Taula. Fueron dados de baja del PP de forma provisional pero están adscritos al grupo popular donde desarrollan labores de oposición a la espera del final de la instrucción.

Los otros cuatro concejales imputados son miembros del gobierno municipal y además de los tres partidos que forman el Govern de la Nau. El concejal de cultura festiva, Pere Fuset, está siendo investigado por las contrataciones de Expojove después de que el PP las denunciase por fraccionamiento de contratos.

También está siendo investigada la socialista Maite Girau, edil de deportes, también por fraccionamiento de contratos. Declaraba ante el juez el pasado mes de mayo. Y en las filas de Valencia En Comú, investigada la portavoz María Oliver por la contratación de un estudio de la situación educativa de la ciudad.

La mayoría de casos son denuncias promovidas por el asesor del PP, Luís Salom. El último en incorporarse a esta lista de investigados es el propio alcalde Joan Ribó denunciado por Salom por no facilitar al PP el expediente de la encuesta fallera.

El Govern de la Nau siempre ha dicho que las investigaciones judiciales que les afectan nada tienen que ver con las acusaciones de corrupción que salpican a los concejales del grupo popular.

En las filas populares recuerdan que algunos de los delitos que presuntamente se les atribuye a los concejales del gobierno local son prevaricaciones, consideradas corrupción política por el consejo general del poder judicial.

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