El TSJC revoca el permiso del Gobierno canario a REE para construir una línea de alta tensión en Fuerteventura

Las Palmas

El Tribunal Superior de Justicia ha revocado el permiso concedido por el Gobierno canario a Red Eléctrica de España en 2015 para construir una nueva línea de alta tensión entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, en Fuerteventura, por no haber iniciado al mismo tiempo la revisión del planeamiento de la isla.

En una sentencia hecha pública hoy, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC reconoce que esa línea eléctrica resulta "esencial para el desarrollo de Fuerteventura" y también que el Gobierno de Canarias tiene competencias para imponer su criterio sobre el del Cabildo, que rechazaba ese tendido de 132.000 voltios porque vulneraba las previsiones del plan insular de ordenación de su territorio, el PIOF

La Sala subraya que la ley habilita al Gobierno de Canarias a declarar esa línea eléctrica "de utilidad pública", imponiendo su criterio sobre el del Cabildo de Fuerteventura por razones de "urgencia y excepcional interés", pero a condición de seguir un procedimiento que obliga a iniciar de inmediato la revisión del planeamiento al que contradice la autorización de esa infraestructura, el PIOF.

El TSJC ha constatado que la comunidad autónoma no cumplió esa condición, sobre la que remarca que no puede considerarse una mera "exigencia formal o accidental", sino determinante, porque "solo mediante tal revisión se dota de contenido a la declaración de interés general".

Ese trámite de revisión del PIOF, añade la Sala, sirve al mismo tiempo para "dar intervención a las corporaciones locales en el procedimiento, de forma que se salvaguarde el principio de autonomía local".

La sentencia recuerda que, en estos casos, la ley permite al Gobierno de Canarias fijar un plazo a las administraciones locales que deben modificar el planeamiento para adaptarlo a su decisión, con la posibilidad de que la comunidad autónoma asuma esa revisión si los tiempos marcados no se cumplen.

En el caso de Fuerteventura, el Gobierno canario ni ordenó al Cabildo revisar el PIOF ni asumió esa responsabilidad por sus propios medios.

La Sala insiste en que la facultad que la ley concede al Gobierno de Canarias para imponer su decisión en materia de nuevos tendidos eléctricos sobre el criterio de los cabildos y ayuntamientos lleva aparejada la condición de acometer la reforma del planeamiento que impide esa infraestructura.

"Y no puede ser de otra forma, por cuanto lo contrario sería tanto como una derogación singular de una norma reglamentaria, que es la naturaleza jurídica de los planes insulares", añade.