Pagar casi todos o nadie: políticos y empresarios discrepan

Alicante

La propuesta en firme del flamante ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de eliminar los peajes de las autopistas cuyas concesiones vencen próximamente, entre ellas la AP-7 entre Alicante y Tarragona, que caduca en diciembre de 2019, suscita discrepancias entre los distintos sectores económicos y políticos.

Desde la Generalitat lo califican de "excelentísima noticia" porque así se acaba con el agravio con otras regiones. Los transportistas la aplauden, pero para los hoteleros la liberalización debe hacerse "de una forma inteligente" y los peajes deben suprimirse solo "en parte", para no crearnos un problema, dicen.

Desde Hosbec, la patronal hotelera de la Costa Blanca, su presidente, Toni Mayor está a favor de que el tramo entre Castellón y Tarragona sea gratis, porque tiene poco tráfico, pero no así el que comprende de Valencia a Alicante. Cree que si eliminan en él los peajes "sería un mal invento para la comodidad y el acceso de los turistas", habida cuenta de que no hay una mejor conexión entre las Marinas, asegura, con otro transporte. Apuesta Mayor por promover para los residentes bonificaciones del peaje, pero "que el resto pague", propone.

Desde INECA, el Instituto de Estudios Económicos de la provincia, instan al gobierno a "trabajar sin prisa pero sin pausa" para adoptar una decisión, que no tiene por qué ser única para todos los tramos geográficos, dicen. Lo explica Armando Ortuño, coordinador del estudio que INECA, recordamos, presentó para su debate con los tres escenarios que se abren a partir de 2020: seguir con la tarifa actual, reducirla y añadir ventajas a los residentes o liberalizarla.

Según dicho estudio, seguir como hasta ahora es una opción que suscita un rechazo generalizado. Reducir las tarifas entre un 40 y un 60% y dar ventajas a los residentes, la vía que defienden los hoteleros, ofrece reticencias iniciales pero podría prosperar, y liberalizarla del todo, como propone el gobierno actual, tendría la ventaja de la aceptación social y la compensación de tráfico, pero conlleva unos costes de mantenimiento que habría que soportar.

En este sentido, el director general de Transportes de la Generalitat, Carlos Domingo, en el programa Hoy por Hoy de Radio Alicante, replica que "en 50 años de vida esta autopista está pagada y repagada". A INECA le pregunta a su vez, quién paga los costes de mantenimiento en otros territorios de España y sostiene que la Comunitat Valenciana tiene que reducir costes de transporte para ser también competitiva, y acabar con los "agravios".

Apuesta también Domingo por invertir en la Nacional, sobre todo en puntos claves como en Altea, pero "de una forma distinta", no construyendo variantes, sino haciendo ramales de conexión.

Trascendencia política

Y es que la liberación tiene también trascendencia política, no solo económica. Su supresión ha sido bandera de los socialistas en la Comunitat Valenciana.

El diputado por Alicante Herick Campos, que pidió en numerosas ocasiones al gobierno de Rajoy que la AP7 fuera gratis a partir del 1 de enero de 2020, opina que ahora hay que ver los acuerdos entre AUMAR, que gestiona la AP7 entre Alicante y Valencia, y la propia empresa pública que se ocupa de la autopista de Alicante, pero que la supresión de peajes supondrá "competitividad y calidad de vida", afirma.

Desde Esquerra Unida, el diputado Ricardo Sixto ha pedido que se aumente el número de acceso y salidas de la autopista y que se suprima el proyecto de prolongación de la CV-10, que discurre en paralelo.

Para esta misma semana, Compromís ha presentado una interpelación parlamentaria al ministro en la que le exige que elimine el peaje de la AP-7 en el tramo valenciano.