El juez busca a más implicados en el caso de presuntos malos tratos a un niño con autismo

El magistrado cita a declarar a la auxiliar imputada para que identifique al resto de trabajadores del patio y del comedor que pudieron hostigar al menor y pide a la Comunidad de Madrid que aclare si respetó los convenios de la ONU en la educación recibida por el niño

Se prevé una larga instrucción para dilucidar si el menor de ocho años que denunció malos tratos por parte del personal del Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe recibió ese trato degradante pero también, según se desprende de las nuevas instrucción que ha dado el juez que investiga el caso, para aclarar si la Comunidad de Madrid y su red de centros de educación especial han seguido las instrucciones que marcan los convenios internacionales para el trato a personas con discapacidad.

El titular del juzgado número 1 de Getafe ha aceptado todas y cada una de las peticiones de la fiscalía y ha dado orden al colegio, a la inspección educativa y a la consejería de educación para que le hagan llegar todos los informes sobre las actuaciones que se pusieron en marcha en el centro desde que los padres del menor de ocho años denunciaron los malos tratos por parte del personal del colegio.

El magistrado quiere saber si el centro respetó la convención de los derechos del niño y las recomendaciones de Naciones Unidas para personas con discapacidad en el programa elaborado para este menor. En concreto, el juez pone el foco sobre dos asuntos: las medidas de bloqueo aplicadas al pequeño, y las salas de aislamiento, conocidas por los padres como "salas blancas", donde se aparta a los niños que sufren una fuerte crisis. Son salas en las que se les aísla hasta que se calman. El juez pide a la Comunidad que aclare si esos métodos se usan en todos los colegios de educación especial de la región. Asimismo, el magistrado, también a instancias de la fiscal, ha ordenado que un profesional médico evalúe al niño para determinar si el comportamiento de los profesionales del colegio ha perjudicado su desarrollo.

Además, el juez tiene la clara intención de buscar a más implicados en este supuesto trato degradante por lo ha citado para el próximo mes de septiembre a una de las tres trabajadoras ya imputadas por este asunto, una auxiliar del colegio, para que identifique a los monitores del patio y del comedor que aparecen en las grabaciones aportadas por la familia. También ha citado a declarar como testigo a la orientacora del colegio.

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