Entre el juicio político y un ataque a la dignidad personal

Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González, ha comparecido este viernes en calidad de investigado para ser juzgado por un supuesto delito de injurias y calumnias del que lo acusa el PP, que denunció las declaraciones de González, su jefe de gabinete, José Vicente Barcia, y el exconcejal de Medio Ambiente Manuel González Bauza durante una asamblea ante vecinos en el barrio de Loreto.

En esa asamblea, y ante un numeroso grupo de vecinos del barrio de Loreto, el alcalde de Cádiz detalló un informe elaborado por técnicos de Aguas de Cádiz con el ánimo de esclarecer el episodio de contaminación del agua que sufrió el barrio en octubre de 2014, en la recta final del último mandato del gobierno de Teófila Martínez.

El juicio, que se ha celebrado en el juzgado de lo Penal Número 5 de Cádiz, trata de esclarecer si el alcalde, su jefe de Gabinete y el exconcejal de Medio Ambiente cometieron un delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad por haber afirmado que el anterior equipo municipal suministró "a sabiendas" agua contaminada a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto en 2014, antes de que se procediera al corte del suministro que afectó a la zona durante 14 días.

El regidor ha sido el primero en comparecer y ha asegurado que hay análisis del agua que corría por Loreto en los días previos al corte continuado del suministro que desaconsejaban el consumo de esa agua.

Tras recordar que la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, aseveró en el Pleno de octubre de 2014 que los análisis del agua en Loreto en los días previos al corte continuado daban todos “0,0”, González ha explicado que él acudió a la asamblea en el edificio Ma’arifa con ánimo de realizar “un juicio político” y esclarecer “la responsabilidad política de lo ocurrido en Loreto”.

En esta línea, ha calificado el episodio del corte de agua en Loreto de “una catástrofe que hace décadas que no pasaba en Europa” que generó “perjuicios de salud, perjuicio en las arcas públicas” y que ofreció “una imagen deteriorada de la ciudad”.

En el mismo sentido se ha pronunciado el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Cádiz, José Vicente Barcia, quien ha recalcado que nadie dijo que Teófila Martínez contaminara el agua; y el exconcejal de Medio Ambiente Manuel González Bauza, quien sostiene que “es difícil imaginar que el presidente de Aguas de Cádiz entonces, Ignacio Romaní, no conociera el resultado de los 50 análisis que daban contaminación en el agua esos días”.

La acusación ha insistido en que los técnicos no comunicaron a los responsables políticos del Ayuntamiento de Cádiz en aquel entonces el resultado de ninguno de los análisis que se hicieron desde el día 29 de septiembre al 12 de octubre.

Por su parte, Teófila Martínez se ha mostrado visiblemente emocionada al recordar el motivo de la denuncia. Ha dicho que una cosa es la crítica política y otra asegurar delante de los gaditanos que puso “en riesgo” la vida de 13.000 gaditanos, y considera que eso supone atentar contra su dignidad como persona. Además, ha detallado que como consecuencia de esas declaraciones “insidiosas” de González, la han llamado “asesina” por la calle en varios ocasiones. Preguntada sobre su actitud ante esos hechos por la defensa del alcalde, Martínez ha precisado que no ha denunciado esos insultos.

La exalcaldesa ha reconocido que sólo supo de las palabras del alcalde, de su jefe de gabinete y del exconcejal de Medio Ambiente en la asamblea en el edificio Ma’arifa por las noticias que publicaron al día siguiente distintos medios de comunicación.

Al hilo, ha señalado también que ella no tenía conocimiento de que hubiera informes entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre que reflejaran contaminación del agua. Posteriormente, la defensa de los acusados le ha referido las declaraciones que realizó en el Pleno de octubre de 2014 donde, según consta en un documento certificado por el secretario municipal, Martínez aseguró que los análisis hasta el corte de agua continuado dieron “0,0” y que la transparencia era “total” en la gestión de aquel episodio.

En ese instante, Martínez ha explicado que a ella el presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, le trasladó que el agua era apta para el consumo hasta el día 12 de octubre y que a Romaní se lo habían comunicado así los técnicos. Tras Martínez ha comparecido el propio Romaní.

La acusación del PP pide penas de 24 y 14 meses de multas, la publicación de sentencia a costa de los procesados en los medios de comunicación donde se difundieran las supuestas calumnias e injurias y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que los acusados sean absueltos, toda vez que considera que las declaraciones de los acusados se enmarcan en la crítica política y no suponen ningún tipo delictivo.