El trabajador de una guardería investigado por pornografía infantil es un operario de mantenimiento

Santander

El  trabajador de una guardería de Santander implicado en una operación de pornografía infantil, de la que les informábamos esta semana, no es ningún docente. Según ha podido saber la Cadena SER,  se trata de un hombre que realizaba labores de mantenimiento y apoyo en el centro. Concretamente en el CAPI de la Albericia, uno de los cincos Centros de Atención a la Primera Infancia con los que cuenta el ICASS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Se trata por tanto de un centro dependiente del Gobierno de Cantabria.

Fuentes del ejecutivo autonómico han confirmado a la Cadena SER que desde que conocieron que la Guardia Civil estaba investigando a este trabajador, actuaron “con diligencia y rapidez”. Además, han explican que como esta investigación se encuentra bajo secreto de sumario, no disponen de más información, únicamente la comunicación realizaba por el Instituto Armado de que “esta persona estaba siendo investigada, la antigua figura de la imputación”

La operación contra compradores de pornografía infantil a través de Internet y correo postal, conocida hace unos días,  ha sido desarrollada por Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica de Cataluña. En ella han sido detenidas 12 personas y otras 31 han sido investigadas, entre las que se encuentra este trabajador, que aprovechaba su acceso a los menores para realizar fotografías pedófilas de los mismos y apropiarse de su ropa interior, según fuentes policiales.

 En ese sentido, fuentes del Gobierno de Cantabria han explicado que, una vez que tuvieron conocimiento de este hecho, se procedió a incoar el procedimiento administrativo a efectos de poder determinar la existencia de una eventual responsabilidad de carácter administrativa, única competencia en la que puede actuar la administración.

Igualmente el ICASS abrió un procedimiento de información reservada  e incluso se solicitó al Juzgado personarse en la causa y que hubiera medidas cautelares. El juzgado lo ha denegado porque no procede en esta fase procesal.

En todo caso, según la información trasladada desde el ejecutivo regional, este trabajador se encuentra de baja desde que comenzó a ser investigado y el ICASS, subrayan las mismas fuentes, “garantiza” que si pretendiera regresar a su trabajo, se le recolocaría en otro puesto en el que no tuviera contacto con ningún menor, mientras dure la investigación, respetando siempre la presunción de inocencia.