Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia, detenido en una operación contra la corrupción
Hay otras cinco personas detenidas en esta operación que coordina el juzgado de intrucción 9. Se investigan delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por irregularidades en la contratación de directivos de Divalterra
El alcalde de Ontinyent y presidente de la diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, llega al ayuntamiento custodiado por agentes de la UDEF / MANUEL BRUQUE (EFE)
Valencia
El presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Ontinyent y también portavoz de la ejecutiva del PSPV Jorge Rodríguez ha sido detenido hoy junto a otras cinco personas en el marco de la "Operación Alquería" que investiga las contrataciones de personal y de determinados servicios en el seno de Divalterra, la empresa de la Diputación que estuvo señala ya en su día por ser el germen de algunas corruptelas del PP.
La investigación, que ha sido declarada secreta, la dirige el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, y en la operación ha intervenido la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Policia Nacional, encargada de los registros esta mañana de los domicilios y los despachos de algunos de los detenidos.
Registro policial en la sede de Divalterra (antigua Imelsa) en la calle Avellanas de Valencia / Cadena SER
Además de Rodríguez han sido detenidos su jefe de gabinete, Ricard Gallego, los dos gerentes de Divalterra, Agustina Brines y Xavi Simón, el secretario jurídico de la empresa y letrado de presidencia Jorge Cuerda y el asesor Manuel Reguar.
Registro policial en la sede de la Diputación de Valencia / Cadena SER
El origen de la investigación
Se desconoce cuál es el origen de la investigación. Se especula con una denuncia presentada en 2017 por un trabajador o extrabajador de Divalterra a la que se habría incorporado, según PP y Ciudadanos, documentación presentadas por ambos partidos en otras denuncias llevadas a fiscalia. Lo único confirmado es que el juez investiga siete contratos de alta dirección realizados por el Pspv y Compromís a instancias de la fiscalía anticorrupción.
De hecho podría haber sido determinante un informe realizado por el equipo de intervención general del estado, instalado en la propia Divalterrra para recopilar documentación para la instrucción de Taula, que habría sido testigo de las contrataciones de los directivos y que habría elaborado un informe presentado en fiscalía anticorrupción denunciando los excesos cometidos en la contratación de los directivos. Directivos que, según algunas fuentes de la investigación, a pesar de la alta remuneración (más de 80.000 euros al año), ni siquiera habrían ido a trabajar en al menos 3 casos.
Rodríguez, sus dos asesores y el secretario-letrado asesor pasarán previsiblemente el viernes a disposición del Juzgado instructor después de pasar la noche en dependencias policiales.
