Economia y negocios

En este desahucio se ha producido "un abuso más que evidente"

La familia desalojada en Solares ha presentado una denuncia al considerar que no había orden judicial

Plataforma Stop Desahucios / Cadena Ser

Santander

“Aporrearon la puerta. Eran las 8.45 de la mañana y el patio de mi casa y las escaleras se encontraban llenas de agentes. Intenté cerrar la puerta pero lo impidieron y me obligaron a salir”. Es un fragmento de las explicaciones que ha incluido Olga en la denuncia que han presentado contra la secretaria del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Medio Cudeyo y contra las personas que formaron parte del dispositivo de auxilio judicial.

El desahucio de esta familia de Solares estaba previsto para el martes, la plataforma ciudadana STOP Desahucios lo evito pero, 24 horas después, la comisión judicial se presentó por sorpresa en casa del matrimonio afectado y ejecutó el desalojo “dejándoles en la calle con una menor de siete años”.

La familia residía de alquiler y el propietario solicitó su desahucio por impago. Según ha denunciado este miércoles Stop-Desahucios, la comitiva judicial actuó con “premeditación y alevosía” sin avisar de que pretendían volver a ejecutar el lanzamiento “para evitar que los miembros de la plataforma y los medios de comunicación estuvieran allí”.

La denuncia también se dirige al juez titular del Juzgado de Medio Cudeyo por si ha incurrido en alguna responsabilidad.

La denunciante lamenta que, tras pedirle ayer a la secretaria judicial la orden de desahucio, ésta le dijera que la del martes "todavía estaba vigente y que lo único que había hecho era suspenderla momentáneamente".

Como el desalojo del martes quedó suspendido, la denunciante considera que debió existir un auto de suspensión previo para, después, fijar una nueva notificación.

En su opinión, en este desahucio se ha producido "un abuso más que evidente" y considera que los hechos que denuncia pueden ser constitutivos de diferentes delitos, como allanamiento de morada, omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución.

Esta familia llevaba cinco meses sin pagar el alquiler. “Están en paro y sus únicos ingresos son una renta social básica de 567 euros con los que viven la pareja y su hija”, explica Antonio González, portavoz de la plataforma. “Lo único que pedíamos era una prórroga hasta poder acceder a la vivienda que la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria contará con los suministros básicos de agua, luz y gas”.

Desde el colectivo Stop Desahucios consideran “desproporcionado” y “cruel” el dispositivo. “Llegaron a cortar la calle principal y a pedir la documentación a los ciudadanos que intentaban acceder a las calles aledañas”.

“La Justicia no ha demostrado demasiada sensibilidad con su actuación ante uno de los últimos desalojos previstos en Cantabria”.

 

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00