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El Ayuntamiento de Aranda apoya regular la Educación Social como profesión

Es una medida contra el intrusismo laboral y la falta de criterios en los procesos públicos de selección

La Universidad de Valladolid, junto a la de Barcelona, fue pionera en estos estudios superiores en los años noventa /

Por unanimidad también en este último pleno ordinario de junio la corporación arandina daba luz vede a una moción de apoyo a la regulación de la Educación Social. La iniciativa tiene por objeto reconocer oficialmente como profesión una disciplina que posibilita la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, y también la promoción cultural y social como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

En su argumentación, considera que la Educación Social es una profesión de carácter pedagógico, que aplica prácticas de acción social y educativa en contextos variados, tales como adicciones, desarrollo comunitario y participación ciudadana, diversidad funcional, educación ambiental, educación para la convivencia, educación de personas adultas, orientación familiar, dependencia, igualdad de género y violencia, inserción social, mediación o salud mental. A pesar de resultar relativamente poco conocida, es desde los años 90 una titulación universitaria.

La profesionalización de la figura de educador social supuso importantes mejoras en lo tocante a su formación, a la consolidación de las prácticas socioeducativas y al desarrollo de nuevas herramientas. Las educadoras y los educadores sociales intervienen de forma directa, para actuar sobre determinadas situaciones sociales, a través de estrategias de carácter educativo. Además, se organizan en colegios profesionales, que promueven el desarrollo de la disciplina y fomentan las buenas prácticas.

No obstante, y a pesar de su notable presencia en los equipos profesionales de servicios sociales de ayuntamientos, la falta de regularización de la profesión impide un establecimiento claro de su alcance y sus límites, favoreciendo el intrusismo y la falta de criterios a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional y de determinar sus funciones.

La Educación Social, sin embargo, no puede sino considerarse una profesión estable, dotada de un cuerpo de conocimientos distintivos y específicos provenientes de la investigación científica y el desarrollo teórico de la pedagogía social, plasmados en la formación de diplomatura o grado. El desarrollo de funciones públicas específicas con criterios técnicos de intervención, el reconocimiento de una retribución económica, la asunción de un compromiso ético y el autocontrol sobre el colectivo que ejercen los colegios profesionales son argumentos que evidencian un claro desfase entre la realidad de la profesión y su falta de regularización por parte de las administraciones.

Por todo ello, entre otros acuerdos, el pleno arandino aprobaba este jueves instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social.

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