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Caso de los ERE

Ávila: “Las transferencias son para lo que determine el Parlamento”

El exconsejero de Innovación y Empleo defiende que los ERE se podían pagar usando la figura de las transferencias de dinero de Empleo a la agencia pública IFA-IDEA

Raul Caro EFE

Sevilla

Antonio Ávila, que ha sido consejero de Presidencia, Innovación y Empleo, ha declarado como testigo en el juicio político del caso de los ERE. Ha venido a decir, sin decirlo, que las ayudas socio laborales y directas a empresas que se investigan se podían pagar usando las transferencias de financiación, lo que no requería el control previo de la Intervención de la consejería de Empleo, que era quien otorgaba la subvención.

Ávila ha manifestado que las transferencias se podían emplear “para lo que determinara el Parlamento” al aprobar cada año la ley de Presupuestos. Es la línea de defensa de los 22 ex altos cargos acusados, que sostienen que en la ley aparecía la fórmula de pago de los ERE; y por tanto, no puede ser una fórmula ilegal. La Junta pagó entre 2000 y 2010 estas subvenciones con transferencias de dinero de Empleo a la agencia IDEA.

El exconsejero ha insistido en que si las transferencias de financiación solo pudieran tener como destino compensar las pérdidas de una empresa pública, como IDEA, deberían haber estado recogidas en el capítulo 8 del presupuesto; y se encuentran en el capítulo 4.

El testigo ha explicado que la Agencia IDEA nunca pudo tener déficit al asumir el pago de los Ere porque lo que hacía era pagar y no gastar. “Lo que tenían sus cuentas era un pendiente de cobro”, pendiente de que Empleo enviara dinero a la agencia pública para pagar los ERE.

Ávila también ha dicho que IDEA no falseaba sus cuentas cuando refería como gasto el ingreso que le hacía Empleo para abonar las ayudas. “Estaba procurando un reflejo fiel de la situación de la operación, como contempla el plan general de contabiidad de la Junta”, ha insistido.

El exconsejero ha reconocido que “no estaba en mis preocupaciones” conocer cómo se recogía el programa 31L en el presupuesto andaluz o en la cuenta general. El fiscal le ha recordado que en dos sesiones del Consejo Rector de la Agencia IDEA, que aprobaba las ayudas dadas por Empleo, él aconsejó que se suprimiera el término “ayuda incondicionada”. Ávila ha explicado que eso ocurrió porque creyó que existía “un error gramatical” y que las ayudas “tenían que estar condicionadas a algo”. “Había que hacer un pago para algo. Yo entendí que no podía ser incondicionado sino condicionado a algo”, ha repetido.

Antonio Ávila figuró como investigado en el caso de los ERE hasta que la Audiencia de Sevilla confirmó el archivo de la causa con respecto a él porque, junto a otros, puso en marcha los mecanismos necesarios para “desovillar la urdimbre jurídica fraudulenta que desde el año 2000 hasta el año 2010 había conseguido burlar la normativa" en materia de subvenciones que "durante una década presidió la actuación de las consejerías de Empleo, Innovación y de Economía" de la Junta de Andalucía.

 
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