El alcalde de Arroyomolinos se negó a declarar y en las próximas horas pasará a disposición judicial

Móstoles

La policía nacional ha detenido al alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, y está investigando a uno de los tenientes de alcalde de la localidad en el marco de la macrooperación en decenas de ayuntamientos por posibles amaños en la contratación de servicios de tráfico y gestión de multas. El regidor quedó en libertad, se negó a declarar y en las próximas horas pasará a disposición judicial

Fuentes de la investigación han indicado que entre la treintena de detenidos figura este alcalde. Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Ruipérez, gobierna el municipio en coalición con el PSOE y con el Partido Independiente de Arroyomolinos, PIARR.

La empresa Gespol tiene contrato en Arroyomolinos desde 2017. El objetivo del contrato es el de servicio de apoyo y asesoramiento al funcionamiento de la gestión de los expedientes sancionadores por infracciones a otras normativas del ayuntamiento de Arroyomolinos. El valor estimado del contrato es de 173.400 euros y se formalizó el 10 de octubre de 2017.

Ciudadanos ha suspendido de militancia al regidor. Mediante un comunicado, Ciudadanos ha informado de que ha decidido suspender "inmediatamente de militancia" a las personas que tendrán que declarar ante el juez, y en el caso de que fueran imputadas por presuntos delitos de corrupción, serán expulsados del partido.

También la Policía Nacional registró el ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, gobernado por el PP. Este ayuntamiento adjudicó por concurso público tres contratos por valor de más de 300.000 euros a Aplicaciones Gespol, pertenecientes al grupo Sacyr, con relación a las infracciones de normas de tráfico.

La concejal de seguridad de Villanueva de la Cañada, Julia Tortosa, fue detenida, estuvo durante toda la mañana retenida en su despacho del Ayuntamiento facilitando información a los agentes, según han dicho a EFE fuentes cercanas al caso. A primera hora de la tarde, la edil fue trasladada a las dependencias de la Guardia civil custodiada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La edil fue puesta en libertad en la tarde de este martes.

El primer contrato fue adjudicado en 2014 por un valor de 91.960 euros por un servicio de gestión de expedientes sancionadores por infracción en las normas de tráfico y circulación. Tres años después, en 2017, fue prorrogado este servicio por el mismo importe. Precisamente a finales del año pasado se adjudicó a la misma empresa el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de control de tráfico en el municipio por un importe de 156.694 euros. Desde el ayuntamiento nos han confirmado que estas cámaras todavía no se han instalado y el ayuntamiento no ha pagado por tanto.

En total, el consistorio destinó a la empresa un total de 340.164 euros.