El Ayuntamiento de Illescas requerido en la operación ‘Enredadera’ por un contrato en licitación

Toledo

Nueve agentes de la UDEF han requerido documentación al Ayuntamiento de Illescas dentro de la operación Enredadera lanzada esta mañana por La Fiscalía Anticorrupción en numerosos ayuntamientos y que tiene que ver con la presunta adjudicación irregular de diversos contratos administrativos vinculados a la gestión policial en el ámbito local.

El portavoz del gobierno, Francisco Rodrigez, en declaraciones a la SER, explica que el requerimiento judicial afecta a un contrato actualmente en licitación, por importe de 100.000 euros, para unas cámaras de seguridad en la urbanización del Señorío de Illescas. Contrato al que la empresa investigada Gespol S.L ha presentado una de las ofertas.

Rodriguez asegura que en el gobierno de Illescas "hay tranquilidad absoluta porque no se ha cometido irregularidad alguna" y no hay ningún contrato con esta empresa que podría haber obtenido, según anticorrupción, diversas adjudicaciones irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico.

 El portavoz desmiente que se esté efectuando un registro. Los agentes han llegado en un furgón sobre las nueve de la mañana de este martes, identificados con su característico chaleco y acompañados por el secretario municipal, al que han entregado el requerimiento judicial. están revisando la documentación de este contrato, cuya tramitación no ha concluido todavía

Se da la circunstancia de que este ayuntamiento tiene la aplicación de gestión de tráfico de GESPOL incluida en el contrato de la ORA. La empresa adjudicataria, la incluía en su oferta "como una mejora"

Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales."habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local". Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.

Están siendo investigados un total de 44 ayuntamientos y dos mancomunidades. Se van a practicar 44 detenciones, la mayoría alcaldes (17), jefes de policías locales (10) y técnicos y empresarios. Y están previstas más de 70 citaciones, según fuentes policiales. Se prevén también 92 registros en 25 ayuntamientos, 30 despachos profesionales, 25 domicilios y 12 empresas. Una de las compañías implicadas en el caso es Aplicaciones Gespol S.L., proveedora de un softwarepara policías locales, con sede en Barcelona.