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Fiscalía mantiene cargos y penas para los dueños del Xerez por blanquear dinero de Juan Antonio Roca

José María Gil SIlgado y Luis Oliver están acusados de un delito de blanqueo de capitales por el que se enfrentan a dos años y nueve meses de prisión

Gil Silgado en una imagen de archivo /

La fiscalía mantiene que Juan Antonio Roca participó en la compra del Xerez club de futbol en 2002 blanqueando dinero y utilizando para ello al propietario de la entidad Luis Oliver y a José María Gil Silgado como socio en la adquisición

Conclusión final del ministerio público en el juicio que se ha celebrado en la sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga. Por ello la fiscalía considera de Oliver y Gil Silgado deben ser condenados a dos años y nueve meses de prisión como autores de un delito de blanqueo además de una multa de 2.500.000 de euros equivalente al dinero supuestamente ilícito que Roca habría aportado en esta operación.

Roca quiso entrar en el Xerez, asegura la fiscalía, ante las buenas perspectivas deportivas de un club en quiebra pero con posibilidades, ese año, de ascender a primera división.

Los dos acusados, sin embargo, han mantenido su inocencia en el juicio. Gil Silgado defiende que la compra del Jerez por 3.600.000 de euros la hizo con fondos propios, que conocía a Roca pero que en aquel entonces, año 2002, nada se sabía de las actuaciones delictivas del cerebro de la trama de corrupción político-urbanística en Marbella.

Luis Oliver que vendió el club, entretanto, mantiene que sólo negoció con Silgado, que todo lo pactó con él y que nunca sospechó que detrás de la compra pudiera estar Roca. No le extrañó, dice, que le pagaran con fincas y apartamentos, algo normal, asegura, cuando se negocia con constructores.

Las defensas han cuestionado la validez de las conclusiones de los informes policiales y de los peritos de la Agencia Tributaria que han declarado en la vista y se preguntan por qué no estaba en el banquillo Juan Antonio Roca.

Este asunto es pieza separada del caso Malaya y tiene su origen en documentos incautados en una empresa de Juan Antonio Roca y en el despacho de abogados que llevaba los asuntos del ex asesor de urbanismo de Marbella.

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